México tienen “vida artificial”: Léo Heller

Por Julio César García Ortiz[1]

Ensenada.– Así lo declaró Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, en su visita oficial a México, que se realizó del 2 al 12 de mayo del 2017, para revisar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en el país, con la finalidad de identificar los principales obstáculos para lograr la plena garantía de dichos derechos y recomendar legislación, políticas públicas y otros medios necesario para abordar dichos obstáculos y lograr el disfrute pleno de los derechos humanos para todas las personas en sociedad.

Las actividades del Relator Especial de las Naciones Unidas, contemplo reuniones con funcionario públicos, de los tres niveles, pero además se reunió con organizaciones ciudadanos comprometidas que experimentan los retos respecto a la provisión de agua potable y servicios de saneamiento.

El informe final de su visita lo realizará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la sesión 36, a realizarse en el mes de septiembre.

Ante los consejeros de naciones unidas les dirá que “México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de su población, de alrededor de 120 millones de habitantes que viven en áreas urbanas y zonas rurales a lo largo del país. Muchos viven en regiones de alto o muy alto estrés hídrico, otros experimentan bajos niveles de desarrollos en comunidades rurales dispersas y significativos niveles de pobreza, lo cual requiere enfoques específicos para la provisión de servicios. Adicionalmente, en los años recientes se ha generado un ambiente económico en el que los ingresos gubernamentales se han visto seriamente mermados, en gran parte debido a la caída de los precios del petróleo. Los presupuestos federales para servicios esenciales han sido significativamente reducidos, según se informa, en más de 37% de 2016 a 2017 para los servicios de agua y saneamiento. Dichos recortes tendrán un potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el corto y mediano plazos. Este impacto puede verse incrementado por la situación institucional del sector, descrita por uno de sus expertos como que subsiste con “vida artificial”, dadas sus condiciones políticas, financieras y presupuestarias. Por lo tanto considero que mi visita es particularmente oportuna para permitirme consultar el gobierno y asistirlo para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El Relator Especial felicitó a México por elevar a rango constitucional el derechos humano al agua y al saneamiento, pero se lamento que después de más de cinco años haya un estancamiento en el proceso de aprobar una Ley de Aguas Nacionales y que no refleje el marco referencias de los derechos humanos en la normatividad secundaria.

Los funcionarios le hicieron saber la Relator que conforme a sus estadísticas que el 94% de la población mexicana tiene acceso al agua y el 93% al saneamiento, cifras que son impresionantes, solo reflejan dijo, la existencia de infraestructura y que no se traduce en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, cifra que reduciría dramáticamente el acceso.

El informe previo que presentó el Relator Especial, por ejemplo, para quienes reciben la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existe, no se refirió a poblaciones rurales o alejadas de ciudades capitales, sino dentro de la Ciudad de México, que de acuerdo a la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 70% de la población recibe durante menor de 12 horas agua al día.

Respecto a los asentamientos irregulares, diversos funcionarios argumentaron que proveer servicios de agua y saneamiento a dichas localidades y poblaciones significaría legitimar un asentamiento u ocupación ilegal de la tierra. Respecto a esto, les recordó a las autoridades que los derechos humanos al agua y al saneamiento deben ser respetados, promovidos, protegidos y cumplidos para toda la sociedad, sin importar su condición social y económica, ni su situación de vivienda. Visité la comunidad de San José Obrero en Xochimilco, donde los residentes se ven obligados a pagar precios inasequibles para transportar agua en burros a sus casas colina arriba y para comprar agua embotellada para beber, ya que no son considerados elegibles para tener pleno acceso al agua sobre la base del estatus legal de la comunidad. En Tuxtla Gutiérrez, la comunidad residencial de Real del Bosque tampoco ha sido provista de pleno estatus legal, lo cual conlleva serias implicaciones para el servicio de provisión para más de 8,000 hogares.

El breve informe concluye reprochándole al gobierno que no vulnere el derecho de participación ciudadana, pues el Relato Especial fue muy claro en señalar que “en todas las comunidades que visité se me comunicó que la información aportada en relación con los servicios de agua y saneamiento, así como procesos de toma de decisión con consultas y participación significativas, en general eran inadecuados y en muchos casos, inexistentes. Le recuerdo al Gobierno que dichos elementos son esenciales y que se trata de compromisos en curso. Estas medidas aseguran que las comunidades sean debidamente informadas, que se les involucre en la planeación, que tengan la capacidad de plantear sus problemáticas y preocupaciones con las autoridades correspondientes y que rápidamente reciban respuestas y resolución a sus problemas, incluyendo acceso a mecanismos judiciales. Si bien numerosos representantes de comunidades me hicieron notar que habían interpuesto quejas a través de los organismos correspondientes y que algunas recomendaciones habían sido emitidas respecto al agua y el saneamiento, por comisiones de derechos humanos, era evidente que dichos procesos de queja eran actualmente insuficientes para lograr soluciones rápidas y efectivas para las comunidades afectadas, si acaso se llegan a lograr”.

Así que autoridades estatales de Baja California, la sociedad tiene en sus manos un informe claro y preciso de cómo deben actuar para modificar la legislación en metería de agua potable y saneamiento y, no para que después digan que son sensibles al reclamo.

 

[1] Estudiante de Derechos en UNID. Periodista e integrante de Litigio Estratégico Mariano Otero