Participación ciudadana como derecho universal

Por Julio César García Ortiz[1]

Ensenada.- El derecho universal a la participación ciudadana se encuentra protegido en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derechos constitucional de “alterar o modificar” en todos tiempo y no solo en elección, la forma de gobierno.

Recordemos que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, palabras con las que inicia el mismo numeral antes citado, pero el principio de la participación ciudadana, lo deja más claro las últimas líneas del mismo párrafo.

Baja el principio de igualdad y no discriminación, sí el Gobierno pasa por alto o menoscaba este derecho universal o hace como que no oye, estaría actuando fuera de marco constitucional y no solo eso, de los pactos internacionales.

Es por eso que existe desde 2011 la reforma constitucional al Primero de la carta magna, que instauro el bloque convencional, para elevar a los pactos o convenciones firmadas por el Estado mexicano.

De la Declaración sobre el derechos y deberes de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades universales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, reunidas el 8 de marzo de 1999.

El artículo 8 no dice muy claro lo siguiente:

  1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.
  2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Todo lo anterior sirve como preámbulo para aclarar y señalar que tanto el XXII Ayuntamiento de Ensenada, el Presidente Municipal, los Regidores, el Síndico Procurador y los Concesionarios del Transporte, violaron este derechos universal de Participación Ciudadana.

Dicho derecho universal está sentado sobre los principio de igualdad y no discriminación, por raza, sexo, condición, posición social, etcétera, es claro que el Dictamen 007/2017 no contiene una pisca de opinión del ciudadano ensenadense o de participación activa en la toma de decisión del ajuste tarifario.

A demás de esta violación convencional y constitucional del derecho de participación, podemos mencionar otros derechos, como a la información, al debido proceso y al derecho de garantía de audiencia.

 

[1] Periodista. Estudiante de Derecho por UNID e integrante de Litigio Estratégico Mariano Otero




CLOSE
CLOSE