Pueblos indígenas como estorbo social y económico

Por Julio César García Ortiz[1]

Ensenada.- Según la última encuesta más reciente en nuestro país, la población indígena en México suma más de 11 millones de habitantes casi el 10 por ciento de la población total.

El último Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, determinó por propia voz de los pueblos indígenas en áreas urbanas; nuestros hermanos son vulnerables a todo un corolario de factores sociales y económicos que afectan sus derechos humanos. Estos tienden a carecer de acceso a la educación, a vivir en tierras vulnerables a los desastres naturales, con saneamiento inadecuado o careciendo totalmente de saneamiento, y un acceso deficiente, si los tuvieran, a los servicios de salud, todo lo cual constituye a reducir la productividad y los ingresos entre las poblaciones indígenas. Y por si fuera poco, tienen un limitado poder político, al no poder utilizar el sistema político para mejorar su situación.

La recomendación de expertos de Naciones Unidas sobre el tema de los pueblos indígenas en áreas urbanas, se centró en la importancia de laborar políticas específicamente en materia de atención de la salud, vivienda, educación y empleo, con el objeto de asegurar que los pueblos indígenas disfruten por igual de los progresos alcanzados en esas esferas.

Aunque la recomendación no es vinculante, si da directriz para que los Estados parte de los Acuerdos Internacionales, elaboren sus planes de desarrollo regional o local con inclusión de la población indígena.

Si bien nuestra norma normarum en su artículo 1 obliga a TODAS LAS AUTORIDADES a proteger y respetar los derechos humanos y a sancionar las violación a los mismos, además en su último párrafo señala que queda prohibida toda forma de discriminación que atente con la dignidad humana.

Hasta el momento el pretendido DESALOJO del comercio ambulante, que en su mayoría son personas indígenas, que venden su mercancía en la zona turística, principalmente en la calle Primera, son para los integrantes de la Canaco y del Ayuntamiento, un estorbo social y económico.

Socialmente hablando para las autoridades y para algunos comerciantes, el que los indígenas deambulen por la calle Primera, son una “mala imagen” para la ciudad,  pues ahuyentan el turismo de crucero; son para los directivos de Canaco un estorbo social para tener una mejor imagen de la ciudad.

Y por la parte económica, dicen que la venta de la mercancía de banqueta les afecta en sus ventas, ya que ellos si pagan impuestos, derechos y renta y, son en sí un estorbo económico para el comercio organizado.

Cualquiera de las dos posturas, de autoridades y comerciantes, son discriminatorias que atentan con la dignidad humana de las personas indígenas,  estas gravísimas violaciones también son vinculadas a otros agravios directos, como pueden ser el derecho humano a la consulta, a la salud, a la educación y a la vivienda.

En breve estaremos leyendo en medios locales, si las autoridades verdaderamente cumplen con su obligación de proteger los derechos humanos o se olvida de su compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución (aquí haría un paréntesis para decir que le falta agregar al discursillo…cumplir la Constitución y los Tratados internacionales de los que el Estado es parte).

Aunque me adelantaría a dar un futuro no prometedor para los indígenas que trabajan en la zona turística, les recuerdo que el Ayuntamiento primero hace cumplir el Reglamento antes que la Constitución y Tratados.

 

[1] Estudiante de Derechos en UNID. Periodista e integrante de Litigio Estratégico Mariano Otero