Por Redacción
Mexicali.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la diputada Alejandrina Corral Quintero, expresó su posicionamiento respecto a la violencia vicaria, que se traduce en agresiones en contra de los hijos por parte de los padres, separaciones forzadas, y en contra de la violencia institucional ejercida por los procesos judiciales marcados por el abuso de poder y la omisión, acciones que vulneran la dignidad de las mujeres y de las infancias.
“Me dirijo a ustedes con profunda indignación, pero también con un firme compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos. Alzo la voz, no en nombre propio, sino en representación de miles de mujeres en Baja California que hoy enfrentan una doble agresión: por parte de sus agresores y, dolorosamente, por parte de las instituciones que deberían protegerlas”, indicó.
La diputada subrayó que lo más alarmante es que esta violencia no se limita al entorno doméstico, ya que se extiende y permanece dentro de las instituciones del Estado porque, quienes son los encargados de impartir la justicia, juzgan sin perspectiva de género; el ministerio público desacredita, minimiza o ignora los testimonios de las víctimas; el sistema DIF incumple su deber de proteger el interés superior de la niñez y autoridades que eligen la omisión, el silencio o la complicidad.
En ese sentido, detalló que recientemente se reunió con tres mujeres sobrevivientes de violencia vicaria, quienes manifestaron la ausencia de atención con perspectiva de género, la omisión del principio del interés superior del menor y una cadena de retrasos, trámites ineficaces y negligencia institucional que agravaron aún más su situación al revictimizarlas por medio de la violencia institucional.
“Me presentaron un oficio signado por Edna Paulina Gutiérrez Rubalcaba, en lo personal y en representación del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria y del Colectivo Madres Unidas por una Vida Libre de Violencia, en donde solicitan la comparecencia de autoridades juzgadoras e investigadoras de los delitos relacionados con violencia contra la mujer para que comparezcan ante este H. Congreso”, comentó.
Asimismo, solicitan que se exhorte a las dependencias responsables de la implementación de programas de capacitación profesional en la materia de violencia vicaria, perspectiva de género, perspectiva de infancia y adolescencia, perspectiva de discapacidad e interseccionalidad y a todo lo relacionado con la Ley de Acceso a las Mujeres y Niñas a una Vida Libre de Violencia.
Uno de los aspectos más graves que denunciaron fue la injustificable demora por parte de las autoridades en atender y resolver situaciones urgentes que ponen en riesgo la vida, la salud mental y el bienestar emocional de niñas y niños. Esta dilación no solo vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, sino también los de sus hijos e hijas.
“Desde esta tribuna, como diputada de oposición, exijo el reconocimiento pleno y explícito de la violencia vicaria en la legislación del estado de Baja California. Exijo que se establezcan protocolos de actuación eficaces y obligatorios eficaces y obligatorios”, reiteró.