Por Redacción
Ensenada.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), notificó el pasado 26 de mayo el no ejercicio de la acción penal a favor del empresario Fernando Salgado Chávez, dando por concluida de manera definitiva una investigación originada por una denuncia anónima.
El documento oficial emitido por la autoridad federal establece que el patrimonio del empresario guarda congruencia entre sí y que sus ingresos y el flujo de sus empresas son acordes a su capacidad económica y estilo de vida. Esta resolución se dictó luego de que dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Interpol y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) rindieran sus respectivos informes y auditorías.
Para el desahogo de la indagatoria, Salgado Chávez presentó estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales de los últimos cinco años, información sobre propiedades, ingresos, inversiones, actas de sus empresas y líneas telefónicas. Con ello, la FGR descartó operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, tráfico de armas, delitos fiscales y presuntos nexos con el crimen organizado.
El origen de la investigación fue un correo electrónico sin nombre de remitente, sin datos de contacto y sin el anexo de un solo documento, video o prueba física que sustentara los dichos.
Como parte de la misma indagatoria, la FGR solicitó información a dependencias municipales, confirmando que Salgado Chávez no tiene, ni a su nombre ni mediante sus empresas, ningún contrato como proveedor o contratista en el Ayuntamiento de Tijuana. Sobre su relación con el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, el empresario transparentó que se conocen debido a coincidencias en una asociación civil que otorga becas a menores de escasos recursos, organismo que opera con cero fondos públicos.
Respecto al tema de la propiedad en Estados Unidos relacionada mediáticamente con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, Salgado Chávez acreditó con escrituras y datos financieros que la vivienda fue comprada con recursos declarados como parte de su modelo de negocios de desarrollo y remodelación inmobiliaria. Precisó que no recibió ningún beneficio a cambio de que la mandataria visitara el inmueble y confirmó que la polémica generó un distanciamiento natural y respetuoso.
Con la resolución oficial en su poder, el empresario da el episodio jurídico y mediático por totalmente cerrado, subrayando que las acusaciones fueron una narrativa fabricada sin evidencia y solicitando que el dictamen final de la autoridad sea replicado con la misma apertura con la que se difundieron los señalamientos anónimos.