Por Redacción
Mexicali.– En Baja California las condiciones geográficas y geológicas la convierten en una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, y por su ubicación dentro del sistema Pacífico y Norteamérica, genera una actividad constante que obliga a las autoridades a mantener mecanismos permanentes de prevención y preparación.
Esto fue señalado por la Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, al presentar una reforma a un artículo de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado, con el objeto fortalecer la cultura de la prevención y la gestión integral de riesgos en los centros educativos de Baja California.
Propone en su iniciativa, la incorporación de una atribución del Consejo Estatal de Protección Civil con el fin de promover la capacitación anual de docentes de educación básica, para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias; proteger a la comunidad escolar y contribuir a la formación de entornos educativos más seguros.
Se refirió al sismo de magnitud 7.2 registrado el 4 de abril de 2010 con epicentro en Mexicali, mismo que ocasionó daños considerables en infraestructura pública y privada, afectando viviendas, edificios gubernamentales, centros educativos, hospitales y sistemas de comunicación.
Dicho evento, evidenció la importancia de que se cuente con protocolos eficaces de actuación y con población capacitada para responder adecuadamente ante situaciones de emergencia.
Aunado a la actividad sísmica, la Entidad enfrenta otros fenómenos perturbadores que pueden afectar a la población escolar, tales como incendios estructurales y forestales e inundaciones derivadas de lluvias extraordinarias, entre otros.
Esta diversidad de riesgos exige que las instituciones educativas cuenten con personal debidamente preparado para actuar de manera oportuna y coordinada. Y dentro de este contexto, los centros escolares adquieren una relevancia estratégica.
Añadió que las escuelas representan espacios donde diariamente convergen miles de niñas, niños y adolescentes, bajo la responsabilidad directa del personal docente y administrativo.
Finalmente, mencionó que, la actuación del personal docente durante los primeros minutos posteriores a la ocurrencia de una emergencia resulta determinante para salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar.