Por Redacción

San Quintín.- Para avanzar en la simplificación, homologación y digitalización de trámites que tienen que ver con regularización de la tierra, certeza jurídica, competitividad y desarrollo económico, la  presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, formalizó la adhesión del municipio al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El documento  firmado en días pasados  establece el compromiso del municipio de implementar las disposiciones de la nueva legislación nacional, adoptar modelos homologados y utilizar soluciones tecnológicas para reducir requisitos, tiempos y procesos innecesarios.

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos está vigente desde julio de 2025 y obliga a los tres órdenes de gobierno. Entre sus principios se encuentran la certeza jurídica, simplificación, interoperabilidad y reducción de costos burocráticos.

La alcaldesa, destacó, que la legislación establece incluso que información y documentos que ya se encuentren en archivos gubernamentales puedan ser consultados entre instituciones, previa autorización correspondiente, para evitar solicitarlos nuevamente al ciudadano.

Para la presidenta municipal, uno de los efectos más importantes será disminuir el tiempo que ciudadanos, productores y empresarios destinan actualmente al cumplimiento de procesos administrativos.

También establece que las regulaciones deben producir el mayor beneficio posible con el menor costo para las personas.

“La modernización de catastro, desarrollo urbano y los procesos relacionados con la propiedad puede contribuir a construir expedientes más completos, disminuir duplicidades, mejorar la vinculación de información y facilitar los procedimientos que intervienen en la regularización”, refirió.

Cano Núñez, agregó, que una mayor regularización territorial también puede mejorar la información con la que el Ayuntamiento planea infraestructura, crecimiento urbano y servicios públicos, además de favorecer gradualmente una base contributiva más amplia y equilibrada, al incorporar propiedades y actividades actualmente fuera de esquemas formales.

“La Ley Nacional no modifica impuestos ni determina contribuciones fiscales, pero una administración territorial actualizada puede permitir que las obligaciones existentes se distribuyan entre una base formal más amplia, en lugar de concentrarse únicamente en quienes actualmente se encuentran registrados y cumplen”, especificó.