Por Redacción

Ensenada.–  La activista social y defensora del parque de la colonia Ampliación Moderna, Dina Montoya, pidió investigar a fondo las circunstancias jurídicas que permitieron entregar la posesión de terrenos reclamados por una empresa privada, pese a la existencia de documentos históricos.

Indicó, que desde hace décadas se identificaron superficies de las manzanas 407 y 417 como áreas vinculadas a parque, parque infantil o donación.

Asimismo, comentó que la documentación reunida por los vecinos obliga a revisar qué antecedentes fueron presentados y valorados dentro del procedimiento judicial que derivó en la entrega de la posesión.

El documento de mayor antigüedad, señaló, corresponde al Periódico Oficial del Estado de Baja California del 20 de noviembre de 1958, donde fue publicado el acuerdo mediante el cual se autorizó a la entonces Fraccionadora y Constructora Chapultepec de Ensenada a desarrollar el fraccionamiento.

“En el punto cuarto del acuerdo quedó establecida la obligación de otorgar, al entrar en vigor la autorización, una escritura de donación en favor del Estado por una superficie de 27 mil 246.17 metros cuadrados, destinada a los servicios públicos que determinara el gobierno estatal”, detalló.

El mismo acuerdo, aseguró la activista,  condicionó además la expedición de títulos de propiedad de los lotes del fraccionamiento al otorgamiento de esa escritura de donación.

Entre los documentos recopilados aparece también el plano histórico del fraccionamiento, donde existen superficies identificadas como donación, además de publicidad utilizada para comercializar viviendas en la zona que anunciaba expresamente la existencia de “Parques Infantiles Privados”. A ello se suman documentos relacionados con propiedades colindantes.

La defensora consideró necesario establecer documentalmente si aquella obligación fue formalizada, inscrita, modificada, sustituida o extinguida y, en su caso, mediante qué acto jurídico.

Cabe señalar que el conflicto tiene antecedentes públicos desde hace años. En septiembre de 2023 el Ayuntamiento reconoció que la autorización original del fraccionamiento correspondió al Gobierno del Estado y que en ella quedaron asentados bienes destinados al uso común y servicios públicos.

“Estamos hablando del derecho de las familias y de las generaciones que crecieron aquí. Si documental y jurídicamente estos terrenos fueron destinados al uso público, corresponde a las autoridades defenderlos. Lo que estamos pidiendo es que se investigue y que se haga justicia”, concluyó Dina Montoya.