Por Redacción

Ensenada.- La decisión del Gobierno del Estado de exigir una nueva credencial para conservar la gratuidad en el transporte público representa una medida retrógrada que impone más barreras a las personas con discapacidad, señaló el regidor del PAN y presidente de la Comisión de Salud, Adrián García García.

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, las personas que actualmente utilizan la credencial expedida por el DIF Municipal tendrán hasta el 18 de septiembre para tramitar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad Permanente. A partir del día 19, la tarjeta municipal únicamente permitirá obtener un descuento del 50 %.

García García consideró injustificable que quienes ya acreditaron su discapacidad ante una institución pública deban demostrar nuevamente su condición para conservar un derecho. Afirmó que eso no es inclusión, sino burocracia insensible.

Según la información publicada, para realizar el trámite se solicita acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, fotografías, comprobante de domicilio, resumen expedido por un médico especialista y estudios clínicos. Además, las personas deberán someterse a un estudio socioeconómico para determinar si están exentas del pago de 107 pesos correspondiente al certificado médico nacional.

El regidor advirtió que, más que una política de inclusión, esta nueva credencial parece una medida recaudatoria que vuelve a cargar el costo sobre una comunidad que ya enfrenta gastos médicos, de rehabilitación, cuidados y traslados. Consideró inadmisible que el gobierno pretenda cobrar para reconocer una condición que las propias instituciones públicas ya habían acreditado.

El regidor sostuvo que solo desde la comodidad de una oficina puede concebirse semejante disparate. Señaló que quienes idearon esta medida parecen dominar el arte de fabricar trámites, pero desconocen por completo lo que significa gobernar con sensibilidad y sentido común.

También cuestionó que el Gobierno del Estado imponga un plazo tan reducido y traslade a las familias la responsabilidad de cumplir con un procedimiento que implica tiempo, gastos y nuevos desplazamientos.

Advirtió que no todas las personas cuentan con recursos para pagar consultas, obtener estudios médicos o trasladarse hasta las instalaciones del DIF Estatal. Condicionar la gratuidad a la capacidad para superar estos trámites significa castigar a quienes enfrentan mayores dificultades.

García García exigió que las credenciales municipales mantengan su validez mientras concluye el nuevo registro; que ninguna persona pierda la gratuidad si su trámite está en proceso; que el certificado sea completamente gratuito y que se instalen módulos itinerantes en colonias y delegaciones.

Finalmente, lamentó que los gobiernos efectivamente de cuarta, presuman políticas de inclusión mientras, en los hechos, crean obstáculos para acceder a los derechos. La inclusión, puntualizó, se demuestra eliminando barreras y no inventando nuevos requisitos.