Por Redacción
Ensenada.- La tensión entre pescadores de San Felipe y autoridades por las restricciones para trabajar en el Alto Golfo de California llevó a la instalación de una mesa de negociación en la que no participó la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California, Alma Rosa García Juárez.
Representantes estatales, federales y municipales se reunieron para buscar alternativas ante un conflicto que en semanas recientes derivó en bloqueos carreteros y advertencias del sector pesquero de regresar al mar si no se generaban condiciones para desarrollar su actividad.
En el encuentro participaron integrantes de la Secretaría General de Gobierno, autoridades ambientales, representantes de Semarnat, Conapesca y el Ayuntamiento de San Felipe, quienes analizaron las demandas de los trabajadores del mar.
Aunque parte de las regulaciones relacionadas con zonas de protección, artes de pesca y conservación de la vaquita marina corresponde al Gobierno federal, la Secretaría de Pesca estatal mantiene la responsabilidad de atender la relación con los productores afectados por estas medidas.
La falta de participación de García Juárez llamó la atención debido a que el conflicto involucra directamente al sector pesquero, mientras que otras áreas gubernamentales asumieron la conducción de las conversaciones para reducir la presión social.
Durante la reunión se plantearon posibles acuerdos que permitirían a los pescadores retomar actividades, con lo que disminuyó, al menos por ahora, la posibilidad de nuevas protestas o cierres carreteros.
El problema, sin embargo, permanece abierto para las comunidades pesqueras de San Felipe, donde desde hace años existen diferencias por cambios en polígonos de protección y disposiciones sobre los métodos permitidos para la captura.
Los trabajadores del mar han señalado que estas medidas han impactado sus ingresos y la economía de familias que dependen principalmente de la actividad pesquera en el Alto Golfo de California.
La negociación permitió contener el conflicto inmediato, pero también puso sobre la mesa cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de la dependencia estatal encargada de atender las necesidades del sector.