Por Redacción
Ensenada.- El rezago en la atención de delitos relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias llevó a integrantes del Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada a solicitar la creación de una unidad especializada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La propuesta fue presentada por la presidenta del organismo, Wendy Pringle, quien señaló que la falta de un área dedicada a estos casos afecta la continuidad de las investigaciones y el acceso a la justicia para las familias involucradas.
Según el planteamiento entregado a la Fiscalía, entre 2018 y 2023 Baja California acumuló 10 mil 453 denuncias por este delito, mientras que Ensenada registró 398 casos durante el último año contemplado en el análisis.
Para las abogadas, estas cifras representan una incidencia constante en el municipio y evidencian la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para atender investigaciones relacionadas con asistencia familiar.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Baja California en el séptimo lugar nacional por este ilícito, con 527 casos reportados entre enero y mayo de 2026.
El organismo jurídico expuso que actualmente estas carpetas son atendidas dentro de las Unidades de Trámite Masivo de Causas (UTM), donde comparten recursos con investigaciones de diferentes delitos.
Esta dinámica, argumentaron, provoca saturación, cambios frecuentes de personal ministerial y falta de seguimiento, además del riesgo de que algunos expedientes no avancen antes de que opere la prescripción penal.
De acuerdo con Wendy Pringle, el Código Penal estatal establece un plazo de prescripción de un año desde que la víctima identifica al presunto responsable, situación que puede afectar el desarrollo de los procesos.
La solicitud está sustentada en normas constitucionales, tratados internacionales y la Ley Orgánica de la FGE, que permite la creación de áreas especializadas cuando las condiciones sociales y delictivas lo requieren.
Las representantes legales señalaron que, aunque existen unidades enfocadas en delitos como género, homicidios, narcomenudeo y tortura, no hay una instancia exclusiva para atender el abandono alimentario.
Al tratarse de una conducta que mantiene efectos continuos sobre las personas acreedoras de alimentos, consideraron necesario aplicar criterios de investigación con perspectiva de infancia y personal capacitado.
La creación de esta unidad permitiría homologar procedimientos, fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y reducir la revictimización de quienes buscan hacer valer sus derechos.
Finalmente, el Colegio solicitó a la fiscal general María Elena Andrade establecer una mesa de trabajo para diseñar un protocolo de atención y analizar la puesta en marcha de esta propuesta.
