Por Nelly Alfaro

Ensenada.- Tras el cierre de oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Ensenada y la denuncia interpuesta por un grupo ciudadano, el Poder Judicial admitió dicha demanda de amparo presenta en el mes de octubre.

Se dio a conocer que el cierre de oficinas en Tijuana y Ensenada,  significa un retroceso en materia de inspección y vigilancia, limitando el acceso a la justicia ambiental y a la denuncia de delitos ambientales.

“Con este demanda de amparo activamos un mecanismo legal para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, esperamos tener una sentencia favorable y que haya una reapertura de estas sedes, que se incremente su presupuesto, y se capaciten a los funcionarios públicos adscritos a la Procuraduría” comentó Gabriel Camacho, representante de Ciudadanía Mexicana A.C.

Cabe señalar, que bajo el argumento de austeridad, el pasado 29 de septiembre, el Gobierno Federal anunció el cierre de dos de las tres oficinas de la Profepa en Baja California, sin embargo, no se proporcionó mayor información para sustentar la decisión.

“Lejos de reducir costos, este cierre podría significar un aumento en los gastos operativos que requiere la autoridad para ejercer sus acciones de inspección y vigilancia, ya que para trasladarse a los sitios a monitorear, las personas inspectoras necesitarán más combustible, viáticos e insumos”, se argumentó.

Por otra parte, grupos de ambientalistas han visto afectadas sus operaciones de rescate de especies silvestres varadas en esta zona, ya que para realizar las actividades de salvamento es necesario la presencia de personal de Profepa, quienes ahora deberán viajar hasta 12 horas para llegar a los sitios.