Por Redacción

Ensenada.– El año que está por terminar, cierra con dos ejes constantes en la agenda del Consejo Agrícola de Baja California, como son la seguridad hídrica y la protección del empleo formal vinculado a la producción de alimentos, declaró el presidente del organismo, Walberto Solorio Meza.

Durante el año, el Consejo Agrícola sostuvo que la disponibilidad de agua para uso agrícola se mantiene como el principal factor de riesgo para la continuidad productiva en el estado.

Solorio Meza advirtió de manera reiterada que la falta de infraestructura, mantenimiento y certidumbre en la gestión del recurso limita la planeación de los ciclos agrícolas y compromete la estabilidad de las unidades de producción.

“La agricultura de Baja California no solo es un sector económico, sino un componente de seguridad alimentaria y empleo. Se  documentó que el sector agrícola y agroindustrial concentra más de 120 mil empleos formales y temporales, por lo que cualquier afectación a su operación tiene impacto directo en el ingreso de miles de familias”, refirió.

En 2025, el Consejo Agrícola mantuvo una postura pública frente al incremento de costos laborales y fiscales. Indicó, que el impuesto sobre nómina de 4.25%, sumado a otros costos regulatorios, presiona la estructura financiera de las empresas agrícolas y reduce su capacidad para sostener empleo formal, invertir y competir en mercados de exportación.

Otro tema recurrente fue la logística y el entorno operativo. El Consejo alertó que los problemas de seguridad en carreteras, bloqueos y fallas en infraestructura vial afectan el traslado oportuno de insumos y productos agrícolas, lo que genera pérdidas económicas y riesgos en el cumplimiento de contratos nacionales e internacionales.

En materia de política pública, Solorio Meza insistió en que las decisiones relacionadas con agua, trabajo y regulación deben construirse con base técnica y diálogo con el sector productivo.

El balance de 2025 también incluyó el llamado a reconocer al sector agrícola como estratégico para la economía estatal, ya que el campo sostiene cadenas de valor que abarcan transporte, exportación, agroindustria y comercio, por lo que su debilitamiento tiene efectos multiplicadores negativos.

Finalmente, comentó que el año entrante las  prioridades  son asegurar condiciones mínimas de certidumbre hídrica, contener presiones que afecten el empleo formal y fortalecer la interlocución institucional.