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Aprueban diputados estatales juicio político contra Armando Ayala

Por Redacción 

Ensenada.-  La Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional del Congreso del Estado aprobó el Juicio Político contra el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, con 6 votos a favor y uno en contra, por el tema de municipalización del agua.

De acuerdo al análisis técnico, se argumentó, hay elementos los suficientes para el Juicio Político contra el Presidente municipal y Secretario Fedatario del Ayuntamiento de Ensenada.

Asimismo, se estableció, que hay  una posible responsabilidad y el derecho que tienen los regidores para ser escuchados.

Cabe señalar que los  regidores que demandaron el Juicio Político son Diego Lara Arregui, Carmen Salazar, Brenda Valenzuela, Raúl Vera Rodríguez, Marisol Sánchez, Carmen Jiménez y Adolfo Muñoz, por actos y omisiones contrarios a los intereses públicos fundamentales.

El 4 de agosto, el alcalde de Ensenada sometió al cabildo la creación de la paramunicipal para el manejo del agua, 8 en contra, de los 15 integrantes del Ayuntamiento de Ensenada; por lo que no se aprobó el punto de acuerdo propuesto a los integrantes del cabildo, consistente en el acuerdo de Cabildo mediante el cual se decreta el Acuerdo de Creación del Organismo Operador Municipal Denominado del Agua y Saneamiento Municipal de Ensenada.

La sesión fue convocada por el Alcalde de Ensenada a las 20:13 horas, sin embargo, al obtener la votación adversa, vuelve a convocar y someter a votación el punto de acuerdo, eso a las 21:31 horas del 4 de agosto.

Conductas de juicio político

Se denuncian actos y omisiones atribuibles al Presidente Municipal en el ejercicio del cargo que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, como lo son:

1) acciones y omisiones en contra la CPEBC y las leyes estatales que atentan contra el patrimonio del municipio y causan perjuicios graves a la administración municipal y trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, y

2) violaciones a los reglamentos municipales que alteran la estabilidad política y administrativa del municipio e interfieren en la prestación de los servicios públicos municipales.

Lo anterior, sin que se pueda considerar que se deja al arbitrio del Congreso del Estado determinar cuál o cuáles son las conductas sancionables, ya que la labor de éste se constriñe a verificar si las conductas desplegadas se adecuan a las descripciones de las normas y generan, por tanto, la procedencia del juicio político y una posterior sanción.




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