Por Nelly Alfaro

Ensenada.- Tras la eliminación de los consejeros de la IP de los organismos operadores del agua, dirigentes empresariales calificaron como una decisión arbitraria, excluyente y contraria al interés público,  expusieron la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Amalia Vizcarra Berumen y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada Carlos Ibarra Aguiar.

Los líderes empresariales rechazaron los argumentos que el gobierno de Baja California esgrimió en la exposición de motivos de la iniciativa de que la participación como consejeros de representares de la Canacintra y la Canaco no contribuyen a mantener las finanzas sanas de los organismos.

Los voceros de Canacintra y CCEE, también desmintieron de manera categórica que sus representantes en la Cespe en el caso de Ensenada, tuvieran algún tipo de conflictos de interés, ya que ninguno tenía la más mínima función directiva u operativa.

“Es falso, como lo afirma el Artículo Cuarto del dictamen aprobado, que haya habido algún grado de afectación por la supuesta indiferencia y omisión de los que integraban los consejos de administración de los organismos operadores del agua de miles de millones de pesos por cuentas por cobrar del rubro empresarial y comercial a los que se han llamado grandes deudores”, precisaron.

Explicaron que en todos los consejos de administración de los organismos operadores el gobierno siempre ha tenido mayoría para tomar las decisiones que han querido, mismas que los representantes de las cámaras, difícilmente podían cambiar.

Los argumentos de la administración estatal y de sus empleados los diputados, señalaron, tienen el único interés de justificar la cancelación de la participación de la sociedad a través de grupos organizados como las cámaras para evitar la vigilancia en el manejo de las paraestatales y librarse de sus opiniones incómodas y a veces críticas, para que las cosas se hicieran lo mejor posible para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Antes, en el caso de Ensenada, la Cespe tenía un consejo de administración plural integrado por 7 miembros, 4 gubernamentales, 1 ciudadano propuesto por el cabildo y, 2 provenientes del sector empresarial a través de la Canacintra y la Canaco.

En el dictamen aprobado por los diputados, el consejo queda integrado exclusivamente por 4 funcionarios de Gobierno del Estado y el presidente municipal en turno.