Por Nelly Alfaro
Ensenada.- Cambiar el periodo de un gobernante electo ya después de la contienda electoral es una ilegalidad histórica que arriesga el diseño del sistema democrático de México, enfatizaron integrantes de Coparmex.
A través de un comunicado, calificaron como inadmisible que habiendo iniciado un proceso electoral e incluso después de haber ido a las urnas, la Legislatura del Estado de BC modificó el periodo de gestión del gobernador electo, mediante una reforma a la Constitución del Estado de Baja California el día 8 de julio del 2019, 37 días después del día de la jornada electoral celebrada el 1 de junio del mismo año.
Ante ello, la Coparmex emitió un posicionamiento en el que precisan que la reforma que tiene por objeto modificar el periodo de gestión del gobernador electo sustituye la voluntad popular al eliminar la periodicidad previamente establecida para la concurrencia de las elecciones federales y locales en 2021.
Dichas acciones legislativas fueron dictadas en contravención a los principios de certeza electoral, irretroactividad de la ley, de elecciones libres, auténticas y periódicas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; así como los derechos fundamentales de participación política a votar y ser votado.
Esto es, las acciones de la Legislatura constituyen violaciones graves a la Constitución General de la República al atacar la forma de gobierno republicano, representativo, federal, así como un ataque a la libertad de sufragio.
A 58 días desde que se aprobó la reforma al periodo de gobierno y el Congreso del Estado aún no envía dicha reforma al Poder Ejecutivo del Estado para que pueda ser publicado en el Diario Oficial del Estado (DOE).
Destacaron que la parálisis legislativa generada con la inacción de los responsables impide acceder al sistema de impartición de justicia, al inhibir las acciones que pudieran derivarse en contra de la reforma aprobada.
En ese tenor, y hasta en tanto la recién aprobada reforma no sea perfeccionada y cobre vigencia, los ciudadanos, señalaron, se encuentran impedidos para ejercer los medios de impugnación que el propio sistema jurídico mexicano pone a su alcance para defender la Constitución.