Por Redacción

Mexicali.- Con el respaldo unánime de las diputaciones de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, fue aprobado el exhorto presentado por la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, mediante el cual se solicita a la titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, la elaboración de un diagnóstico integral sobre la violencia feminicida, que incluya datos específicos para identificar patrones, perfiles y zonas de riesgo.

El exhorto enfatiza también la necesidad de revisar el caso de la agente Carmela Barrios, elemento activo de seguridad pública que denunció haber sido víctima de violencia digital tras la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas. La diputada señaló que la carpeta de investigación fue turnada a otra agencia sin avances sustantivos, situación que podría constituir un acto de revictimización y posible obstrucción de la justicia.

“Estamos ante un caso que no puede ni debe pasar desapercibido, la agente Barrios, además de ser víctima, ha sido ignorada por el propio sistema que tiene la obligación de protegerla y brindarle acceso a la justicia. No puede haber impunidad institucional”, advirtió la legisladora.

Yohana Gilvaja indicó que la violencia feminicida es un reflejo de una estructura de discriminación arraigada en todos los niveles. Baja California reporta 77 asesinatos de mujeres entre enero y abril del presente año, pero sólo siete han sido tipificados como feminicidios. En contraste, municipios como Tijuana y Ensenada se encuentran entre los más peligrosos del país para las mujeres.

El exhorto también solicita que el diagnóstico contemple variables como edad de las víctimas, actividades que desempeñaban, horarios y zonas de mayor incidencia, además de datos sobre carpetas de investigación, sentencias judiciales y programas de atención a víctimas. Asimismo, se pide que se entregue el Plan de Trabajo de la institución para conocer las estrategias y acciones que se están implementando para atender esta problemática.

Finalmente, la congresista del PT, subrayó que la recopilación, sistematización y análisis de estos datos debe convertirse en una herramienta clave para el diseño de políticas públicas que atiendan de manera efectiva las causas de fondo de la violencia contra las mujeres en Baja California.