Por Julio César García Ortiz
Ensenada.- Opacidad, mal manejo de los recursos, pagos no documentados, gastos indirectos no aclarados y la compra de un vehículo de lujo con fondo del Ramo 33, fueron algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación a la cuenta de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social, que ejerció el XX Ayuntamiento de Ensenada que preside Enrique Pelayo Torres.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó mil 202 observaciones y mil 633 posibles sanciones administrativas, al presentar el resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 ante la Cámara de Diputados.
Mediante un comunicado, su titular, Juan Manuel Portal Martínez, informó que para fiscalizar el gasto público 2011 se realizaron un total de mil 11 informes, de los cuales 610 fueron con un enfoque financiero y con un cumplimiento normativo, 287 de desempeño, 141 de inversiones físicas, 54 especiales y 11 forenses.
Entre las dependencias involucradas en la presunción de delito, que tendrá que determinar el Ministerio Público Federal, figuran las secretarías de Agricultura, de la Reforma Agraria y de Comunicaciones y Transportes, así como Financiera Rural.
Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y gobiernos municipales de Yucatán, Tlaxcala, Michoacán y Ensenada.
El informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, el Órgano de Fiscalización realizó dos auditorías, una a los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social (11-D-02001-02-0946) y al Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) (11-D-02001-02-1063).
La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo por la Federación durante el año 2011 al Municipio de Ensenada por un monto de 81 millones 438.3 mil pesos.
En el documento se lee los resultado que arrogó las debilidades y fortalezas en la gestión del fondo, entre las que se destacan, como debilidades: el municipio carece de programas de capacitación relativa que rige al fondo; carece de mecanismos para evaluar el desempeño del personal; el municipio no dispone de mapas de pobreza actualizados; carece de sistemas que permitan tener datos actualizados sobre déficit de servicios básicos y no tiene mecanismos de difusión que asegure el inicio y termino del ejercicio, la información referente al destino y resultados alcanzados del fondo.
Se determinó una diferencia no aclarada por 4 millones 557.5 mil pesos entre el monto asignado por 81 millones 438.3 mil pesos, más los rendimientos financieros por 1 millón 794.1 mil pesos, respectos a lo registrado en la cuenta pública por 78 millones 674.9 miles de pesos.
En materia de Trasparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo, la auditoria determinó que el municipio no informó sobre la cuenta bancaria específica a la Sindicatura Municipal, a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaria de la Función Pública.
Además el municipio no proporcionó evidencia documental que sustente la integración de los informes trimestrales remitidos a la Secretaria de Hacienda, denominados “Avances de Indicadores”.
La administración que encabeza el contador público Enrique Pelayo Torres, no informó a sus habitantes, la totalidad de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, meta y beneficio, ni al término del ejercicio 2011, los resultados alcanzados.
En la evaluación que realizó el Órgano, en materia de Obra Pública, encontró que el municipio de Ensenada, no proporcionó las actas de recepción, apertura y evaluación de las propuestas, ni el dictamen del concurso correspondiente a tres obras, también, una obra carece de contrato.
En tres obras no se tenía definido el proyecto, lo que ocasionó la modificación de presupuesto contratado, además en 15 obras se iniciaron los trabajos ante de obtener la licencia de construcción, en cuatro contratos los gastos indirectos fueron calculados erróneamente.
El municipio deberá solventar en los términos de ley, porque no proporcionó la documentación de 54 expedientes sobre convenios modificatorios, adiciones, estimación, generadores de obra y actas de entrega recepción, así como trabajos estimados y pagados no ejecutados por 22.3 millones de pesos.
En gastos indirectos, el órgano observó que el XX Ayuntamiento efectuó gastos excedentes en el rubro de 21.2 millones de pesos, además se efectuaron pagos por concepto de trabajos extraordinarios y gratificaciones por 1 millón 023.7 miles de pesos, de los cuales 306.7 miles de pesos no disponen de soporte documental y el total erogado carece de la autorización de pago conforme a los tabuladores correspondientes.
La administración que preside Pelayo Torres adquirió un vehículo usado considerado de lujo, no indispensable para los fines del fondo, por 325 mil pesos, por medio de adjudicación directa, el cual debió adquirirse por invitación a cuando menos tres proveedores y tener la aprobación del comité de adquisiciones; así mismo, se incumplió con el convenio celebrado con SEDESOL y el Gobierno del Estado.
Al final del documento se determinan el cumplimiento de objetivos y metas del fondo ejercido por el Ayuntamiento, determinándose que el municipio no proporcionó evidencias de evaluación, tampoco sobre las medidas de mejora continua para el cumplimiento de objetivos.
El municipio no proporcionó evidencia de estudios actualizados sobre la pobreza en el municipio, asimismo, no cuenta con sistemas para tener los datos actualizados sobre déficit de servicios básicos, se desconoce el grado de rezagos social de las localidades beneficiadas con los recursos del fondo y los datos sobre el total de la población beneficiada.