Por Redacción

Mexicali.- En sesión ordinaria, el Congreso del Estado emitió la declaratoria de procedencia de la reforma a los artículos 5, 14, 78, 79 y 90 de la Constitución Política de Baja California, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución local para otorgar vigencia a las reformas aprobadas previamente por el Pleno, sobre el llamado “Plan B” de austeridad y representación democrática.

La reforma establece nuevas disposiciones en materia electoral, al fijar que las consejerías del Instituto Estatal Electoral tendrán un periodo de siete años sin posibilidad de reelección, con remuneraciones sujetas al límite federal y prohibición de seguros privados o beneficios especiales financiados con recursos públicos. Asimismo, se crea un Órgano Interno de Control encargado de fiscalizar los ingresos y egresos del Instituto, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

De igual forma, se precisan restricciones para las y los servidores públicos electorales, quienes no podrán ocupar cargos partidistas ni de elección popular durante los dos años posteriores a su encargo, garantizando imparcialidad y autonomía en la función electoral.

En el ámbito legislativo, se garantiza la paridad de género, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos del Congreso del Estado, asegurando una representación más equitativa en la vida parlamentaria.

En materia presupuestal, se determina que el Poder Legislativo no podrá ejercer más del 0.70% del gasto estatal, con una reducción acumulada del 15% en cuatro ejercicios fiscales. Los recursos ahorrados se destinarán a obras de infraestructura pública en beneficio de la población, garantizando legalidad, honradez, transparencia y austeridad en el manejo de los recursos públicos.

Respecto a los ayuntamientos, se fija un máximo de quince regidurías bajo principios de paridad vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva, lo que permitirá cabildos municipales más equilibrados y representativos.

La declaratoria marca la culminación del proceso legislativo que otorga plena validez constitucional a estas reformas, fortaleciendo la disciplina financiera, la representación democrática y la confianza ciudadana en las instituciones de Baja California.