Por Redacción
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR), luego de más de un día de audiencia, obtuvo de un juez, prisión preventiva en contra de Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.
Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N”, quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.
Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.