Sabido es; que el Estado no tiene, asi como tampoco ha tenido. La capacidad de respuesta apta y suficiente, para garantizar la seguridad de los ciudadanos tal y como lo manda la Ley. Y si no, para muestra un botón en todo el país se han dado actos de violencia extrema, sin que hasta el momento se hayan frenado a los grupos delictivos que campean a sus anchas a todo lo largo del territorio nacional.
Es mas en algunas localidades de las sierras de Territorio entero, grupos de familias enteras, se han visto desplazadas de sus comunidades, sin que ninguna de las fuerzas del orden publico haya hecho algo para evitarlo, pues las victimas de semejantes atropellos, al ver amenazada su integridad física, optan por emigrar hacia otros lugares que cercanos o no, les dé el refugio que en esos casos se busca. Es evidente que al suceder lo que se afirma, se provoca el desarraigo y la desintegración de los núcleos familiares, que a la postre, vienen a ser los pilares de la sociedad en que vivimos.
Pero a pesar de las muestras de incapacidad, para ponerle freno a tan anormales situaciones de inseguridad, las diferentes Entidades de Gobierno, se han dado a la tarea de desarmar a la ciudadanía, como si esta fuera el enemigo a vencer y asi se han creado estrategias dirigidas a la población en general, para que los habitantes que posean armas para su defensa concurran a las oficinas públicas a entregarlas, a cambio de una raquítica despensa o por la mísera cantidad de mil pesos.
Aquí saltan las preguntas obligadas. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se busca realmente con esas campañas de desarme? Consideremos. ¿Sera que lo que se persigue es dejarnos en completo estado de indefensión, a merced de los depredadores sociales? o bien, ¿Lo que se quiere es seguirle el juego sucio a los países poderosos fabricantes y distribuidores de armas, para que ellos obtengan pingues ganancias?. Vendiéndonos una, otra vez y las que sean, sus armas y productos beligerantes.
Lo anterior constituye un completo absurdo, porque no se nos permite la posesión en nuestro domicilio de armas de fuego, a pesar de que en un momento dado con ellas se podría cubrir la ineficacia de quienes de acuerdo al contrato social, tienen la obligación ineludible de defendernos y de protegernos en nuestra persona, familia, domicilio, propiedades, posesiones, papeles y derechos naturales que como personas humanas nos corresponden, incluyéndose los que son reconocidos por la Constitución, los Tratados Internacionales y las Leyes respectivas.
Al respecto podemos afirmar, que la actuación de las diversas autoridades, deja mucho que desear, pues por una parte El Estado no puede garantizarnos la seguridad de nada y por la otra mediante actuaciones policiales, generalmente de corte ilegal o arbitrario, impide que ejerzamos la legítima defensa, para repeler o evitar los ataques de quienes tienen la condición de criminales.
Es obvio pues, que las conductas asumidas por quienes nos gobiernan, son transgresoras del principio de defensa instituido en el artículo 10 de la Constitución Política de la República Mexicana, que a la letra dice:
“Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza aérea y Guardia Nacional………………”
Y hasta aquí la dejamos distinguidos lectores, fórmense ustedes sus propios juicios y den cuenta de cómo poco a poco nos han ido arrebatando derechos importantes, que para reconocerse como tales, hubo luchas, empeños, esfuerzos y hasta sangre derramada de hombres que si se preocupaban por proteger y amparar a sus ciudadanos.
¡Hagamos algo para defendernos! Y recordemos que siempre es mejor “Tenerlas y no ocuparlas…..Que ocuparlas y no tenerlas” ¡Nos referimos a las armas!
Atentamente.
Miguel Alfaro García. Javier García Camarena.