Por Redacción

San Quintín.- Luego de las manifestaciones en el municipio de San Quintín, al aprobarse al Ley de Ingresos 2026, la  alcaldesa,  Miriam Cano Núñez afirmó sostuvo que, pese a un entorno complejo, su administración mantuvo una política de cuidado absoluto de la economía local, evitando incrementos o nuevas cargas para la población en la Ley de Ingresos 2026.

El proyecto aprobado confirma que el municipio alcanzará 445.68 millones en ingresos para 2026, apenas 1.1% más que en 2025, sin afectar a la ciudadanía mediante incrementos abruptos, tal como lo documenta el análisis técnico oficial.

Cano Núñez subrayó que ningún impuesto nuevo fue propuesto y que las actualizaciones se limitaron a lo establecido por la UMA, como en el caso de Registro Civil, que solo incrementa 3.85%, eliminando redundancias y manteniendo los costos bajo control.

De igual forma destacó la ordenación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que deja atrás la fórmula volátil de ejercicios previos y se fija en 0.26 UMA mensual, con un límite máximo de 7 pesos adicionales respecto a 2024.

“Hemos administrado con rigor técnico y absoluto sentido social. No hemos cargado nuevos impuestos a la gente y aun así mantenemos finanzas ordenadas”, dijo.

El cuadro comparativo 2025–2026 muestra reducciones significativas en áreas que tradicionalmente incrementan ingresos, como el Impuesto a Espectáculos, que cae de $750,000 a cero (–100%), y los Accesorios de Derechos, que descienden 97.7%, pasando de 2.99 millones a 67 mil 919.

“Eso significa que estamos dejando de depender del castigo y la multa para sostener al municipio. Estamos recaudando con orden, no con presión a la gente”, comentó.

Lamentó bloqueos a Transpeninsular

Sin embargo, Cano Núñez lamentó de forma específica que el reciente bloqueo en la carretera Transpeninsular, la cual es la principal vía de comunicación, abasto y comercio de la región; dijo se provocaron  afectaciones multimillonarias a productores agrícolas, transportistas, familias trabajadoras y empresas locales.

“El cierre de la Transpeninsular golpea directamente a nuestra gente. Es un daño económico real, no teórico; afecta los precios, el traslado de alimentos, los servicios médicos y la operación comercial”, señaló.

“Pedimos   cordura política, respeto a nuestra comunidad y privilegiar el diálogo por encima de cualquier disputa. La ciudadanía merece estabilidad y no entrar en medio de conflictos ajenos”, puntualizó.