Por Redacción
Ensenada.– Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que preside Julio Salinas López, se suma al posicionamiento presentado por productores agrícolas de zonas áridas y semiáridas del país, así como a productores de la zona costa de Baja California, ante el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, actualmente en proceso legislativo.
Salinas López, señaló que la postura empresarial coincide con la necesidad de establecer criterios jurídicos y operativos que preserven la continuidad productiva en regiones donde el agua es determinante para la actividad económica.
El dirigente empresarial indicó que los planteamientos contenidos en el documento advierten que el marco propuesto incorpora disposiciones que generan incertidumbre para los usuarios.
Entre ellas, destacó la figura de negativa ficta, la cual se aplicaría automáticamente en trámites no resueltos dentro del plazo legal. Los productores sostienen que esta medida puede paralizar operaciones esenciales como prórrogas, relocalizaciones o cambios de uso.
Informó que otro punto señalado es la persecución penal de oficio en casos donde existan errores técnicos o administrativos relacionados con infraestructura o cauces.
“Los productores argumentan que esta disposición puede convertir operaciones legítimas en procesos judiciales, por lo que solicitan que la vía penal se limite únicamente a conductas dolosas o con daño ambiental comprobado”, dijo.
El presidente del CCEE expuso que el posicionamiento también señala que el dictamen otorga a la autoridad amplios márgenes de discrecionalidad para suspender volúmenes o negar prórrogas sin criterios técnicos definidos ni validación de los usuarios.
Añadió que los productores plantean que los estudios técnicos relacionados con disponibilidad y calidad del agua puedan ser certificados por organismos independientes, y no exclusivamente por entidades gubernamentales.
Salinas López explicó que el documento también destaca el papel de las Unidades de Riego como actores técnicos en la gestión del recurso, por lo que solicitan que la legislación reconozca su función, promueva incentivos al reúso y les otorgue participación en zonas sobreexplotadas, con criterios diferenciados por región.
Uno de los temas centrales, afirmó Salinas López, es la sucesión hídrica. Los productores advierten que la extinción automática de concesiones ante el fallecimiento del titular rompe con el vínculo entre agua y predio, generando inseguridad jurídica y afectando inversiones de largo plazo. Plantean restablecer la transmisión automática de derechos vinculados a la tierra para evitar pérdida de volumen y garantizar continuidad operativa.
Salinas López reiteró que la postura empresarial apoya el planteamiento de revisar el dictamen antes de su aprobación definitiva, a fin de evitar afectaciones en regiones agrícolas de Baja California y otras zonas donde el agua es un recurso determinante para la continuidad económica.