Por Yuver Maceda

Ensenada.- La solución a la obesidad y desnutrición no se resolverá estigmatizando a un sector de la industria, sino atendiendo todos los factores involucrados, señaló la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de (Canacintra), Amalia Vizcarra Berumen.

Exhortó al Congreso del Estado a que sea sensible ante la realidad de la industria mexicana, luego de la  intensión de la legislatura local de presentar una “iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a los menores de edad”.

“De hacerlo a la ligera, habría un daño claro a la cadena de valor de estos productos, si no se tiene una perspectiva integral de la problemática. El problema es multifactorial y debe ser atendido a través de políticas públicas que fomenten mejores empleos, mejor ingreso para las familias, nuevos hábitos de consumo y mayor cultura nutricional”, aseveró.

Otro aspecto fundamental, apuntó, es que muchas familias pobres obtienen sus ingresos de miles de tienditas en sus casas o esquinas de colonias populares y la mayor parte de sus ventas son precisamente alimentos y bebidas industrializados.

Por ello, recalcó, los legisladores deben promover un ejercicio de parlamento abierto en el que las partes afectadas puedan coadyuvar y dialogar a fin de generar un planteamiento integral en favor de la salud y la economía.

“Se debe procurar una solución integral, no culpar a un solo sector, detrás del cual están millones de trabajadores, miles de proveedores, muchos del sector primario y una gran parte de la economía nacional”, dijo.

Vizcarra Berumen, destacó que no puede afirmarse que la cultura alimentaria de los bajacalifornianos se apegue a estándares nutricionales que prevengan enfermedades causadas por la deficiente o mala alimentación.

De acuerdo con un monitoreo del periódico La Jornada, refirió, “…en la primera quincena de enero de 2020 la canasta básica (…) costó 99.47 pesos más que un mes antes; lo que implica un incremento de 3.47%.

Para adquirirla, una familia tuvo que desembolsar 2 mil 780.28 pesos, equivalentes a 22.56 días del salario mínimo vigente, el cual aumentó 20%, desde el primer minuto del año respecto al que regía en 2019, al aumentarse el mínimo a 123.22 pesos en el interior del país, explicó.

Ante éste escenario, manifestó la presidente de Canacintra, es clara la necesidad de fortalecer los marcos normativos del Estado y el país a la par de repensar las políticas públicas en materia de prevención y seguridad alimentaria.

Sin embargo, esto debe hacerse en coordinación los actores y sectores involucrados, en aras crear un equilibrio qué permita, por un lado, garantizar el bienestar alimentario de las familias, en especial de las niñas, niños y adolescentes, sin poner en riesgo la estabilidad económica de comerciantes e industriales.

Una Ley con esos alcances, consideró, debe atender la realidad desde una perspectiva integral que aliente el crecimiento de las empresas, la conservación y crecimiento del empleo, el desarrollo de los perfiles laborales y productividad, el mejor ingreso de los trabajadores y mejoras en su calidad de vida.

“No podemos pensar en que por decreto se elimine la pobreza familiar para mejorar la calidad de su alimentación y a su vez disponer de más tiempo para enviar a los niños perfectamente alimentados a la escuela para evitar la necesidad de consumir –ya no es la escuela y comercio formal-  sino en cualquier establecimiento informal que les venda lo que los legisladores pretenden prohibir”, señaló.