Por Redacción

Ensenada.- Con el objetivo de que el robo acuícola y la pesca furtiva sean considerados como delitos verdaderamente graves, se aprobó el dictamen en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y votamos a favor para una mayor regulación y sanciones más severas al robo de especies cultivadas en unidades de producción acuícola.

La diputada federal Lizbeth Mata Lozano informó que la acuicultura es un conjunto de actividades y conocimientos de crianza de especies acuáticas como peces, moluscos, crustáceos y plantas que se desarrollan en cultivos de agua dulce o salada, dicho procedimiento se lleva a cabo mediante condiciones controladas al cuidado de ingenieros pesqueros, ingenieros acuícolas y biólogos marinos.

“Es de suma importancia proteger la actividad productiva, debido a que la misma es considerada un medio para reforzar la seguridad alimentaria de las poblaciones locales, además es una fuente de empleo para los ciudadanos” expresó.

Mata Lozano comentó que actualmente se comenten muchos robos a la industria acuícola, en donde las granjas que se dedican a la actividad han sido objetos de actos delictivos, votamos a favor con el fin de poder frenar esa conducta que ha afectado a las granjas acuícolas y con ello proteger los bienes patrimoniales.

Indicó que en Baja California, el robo acuícola y la pesca furtiva son de los principales conflictos que existen para la industria pesquera.

La diputada federal detalló que existen dos tipos de robos que sufren los acuicultores: el robo por subsistencia, autoconsumo o comercio a pequeña escala en donde roban de 1 a 20 kilos bajo argumento de necesidad y el robo a gran escala, este tipo es el más perjudicial, puesto que lo sufre todo tipo de acuicultores en donde se sustraen más de mil unidades o de 200 a 300 kilos de peces y plantas.

Mencionó que se impone una pena de uno a tres años de prisión o imposición de multa que podrá exceder el triple del valor de lo sustraído, en caso de que el robo sea menor a 5 unidades; en caso de que sean más, se impondrá de dos a 10 años de prisión.

Finalmente Mata Lozano comentó que se busca darle el mismo tipo de seguridad jurídica que tienen los ganaderos con el delito de abigeato (robo de ganado) a los acuicultores que padezcan el robo de sus animales o componentes de sus granjas.