Por Redacción

Mexicali.- Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico que protege los derechos de las mujeres en Baja California, el diputado Ramón Vázquez Valadez, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de reforzar y ampliar la definición de violencia económica, incorporando modalidades que hasta ahora no han sido visibilizadas ni sancionadas de forma clara.

Para motivar su pretensión, el legislador de Morena enfatizó que la violencia económica y patrimonial es una de las formas más frecuentes y menos denunciadas de agresión hacia las mujeres. “Esta problemática afecta de manera profunda la autonomía y el desarrollo personal de quienes la padecen”, señaló.

Dicha violencia puede ejercerse tanto en el ámbito familiar como en el espacio laboral, donde se reproduce a través de prácticas como la exclusión de mujeres de puestos de alta dirección, la desigualdad salarial o la falta de reconocimiento del trabajo femenino en negocios familiares.

«Una de las manifestaciones más comunes ocurre cuando se obliga a las mujeres a trabajar sin recibir remuneración, bajo el argumento de que su labor representa un ‘apoyo natural’ o una ‘obligación moral’. Esta práctica vulnera su derecho a percibir ingresos propios, construir un historial laboral y acceder a prestaciones sociales o a una pensión», explicó Ramón Vázquez.

Abundó que, impedirles trabajar mediante control, intimidación o manipulación emocional, también constituye una forma directa de violencia económica. Al negarles esta posibilidad, se priva a las mujeres de herramientas esenciales para romper ciclos de dependencia y vulnerabilidad.

La violencia económica repercute, de manera directa, en la libertad de las mujeres violentadas, pues se ven limitadas en el ingreso y egreso de los recursos económicos, aun cuando sean ellas mismas quienes los generen. En muchos casos el hombre se auto posiciona como administrador del hogar, colocándolas en una situación de desventaja sin su consentimiento.

La propuesta también subraya que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, con graves consecuencias físicas, psicológicas y económicas, afectando su participación plena y en igualdad dentro de la sociedad.