Por Nelly Alfaro
Ensenada.- En busca de incentivar el desarrollo económico del estado y de exigir la transparencia y justicia en el manejo del agua, empresarios de Ensenada realizaron diversas mesas de trabajo para presentar una nueva Ley Estatal del Agua.
El presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, mencionó que se realizó una consulta pública dividida en cinco vertientes principales, como es la “Infraestructura Hidráulica”, “Tratamiento y Uso de Aguas Residuales”, “Organismos Administradores del Agua”; “Servicios, Tarifas, Extracción y Distribución del Agua” e “Inversión privada dentro de la administración de los recursos hídricos”.
“Para que sea considerado en la elaboración de la Nueva Ley del Agua proponemos un proceso de amplia participación técnica y social en conjunto con el sector empresarial, académico y ciudadanía en general donde se traten los siguientes aspectos”, detalló.
Zepeda Jacobo, detalló, que es indispensable que la CEA cuente con un Consejo Consultivo Técnico Ciudadanizado con la participación del sector académico, empresarial y ciudadanía en general privilegiando los conocimientos técnicos.
Que se desarrollen objetivos que resuelvan el abasto de agua potable en calidad y cantidad suficiente para las actividades y plasmar en la Ley el establecimiento de estrategias para alcanzar una visión y los objetivos en el abasto de agua considerando.
Asimismo, que la CEA será la responsable de la formulación, seguimiento, control y evaluación total del programa hídrico estatal y en coordinación con SIDUE de la ejecución de los estudios, proyectos y obras de infraestructura hidráulica.
“Legislar para que en las construcciones nuevas sea obligatorio separar las aguas grises, negras y pluviales, que se convierta en obligatorio para Gobierno del Estado a través de los organismos operadores tratar las aguas negras y mantener la calidad de acuerdo a normas mexicanas e internacionales”, detalló.
Zepeda Jacobo, destacó, que también se propone que se privilegie el uso de aguas tratadas para uso municipales y que el desarrollo, mantenimiento, operación de plantas en cuanto a tecnología y conocimiento científico se privilegie a las instituciones científicas del Estado.