Por Redacción

Ensenada.- El incumplimiento de leyes, ha derivado en el fracaso de viviendas de 40 metros cuadrados (m²) o menos que se han construido en el estado, principalmente por las leyes federales, estatales y municipales, declaró  Ricardo Herrera Magdaleno, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE).

Indicó, que de acuerdo a un análisis técnico-legal realizado por el organismo, se estimó que esta situación ha traído consecuencias negativas en la convivencia y en la salud mental y física de las familias, provocadas por el hacinamiento y el estrés; este hecho tuvo su mayor manifestación durante la pandemia de COVID-19.

“Las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo el Ayuntamiento de Ensenada, tienen la obligación legal de aplicar el estándar óptimo de 90 m² de construcción o 60 m2 progresiva”, indicó.

Con ello, precisó, se busca garantizar un espacio vital suficiente que proteja la salud mental, fomente la convivencia, asegure la movilidad universal y promueva el desarrollo económico de la familia mexicana.

Mencionó, que analizando el Hábitat en Baja California 2025: “Superficie, Seguridad y la Jerarquía Normativa», establece que la Ley Federal de Vivienda a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), especifica los requisitos técnicos que definen la vivienda digna y decorosa, los cuales son el piso normativo que el Estado está obligado a cumplir.

Herrera Magdaleno, agregó que desde la perspectiva del CICE,  el incumplimiento de los estándares de superficie adecuada en Baja California, particularmente en Ensenada, para garantizar condiciones adecuadas de espacio y salubridad, representa un desafío para la ingeniería civil y la arquitectura que trasciende lo meramente constructivo.

“El modelo de vivienda ultra compacta de 32 o 42 metros cuadrados, no es solo una falla de diseño; es un riesgo legal, estructural y social que vulnera los derechos humanos y la estabilidad del patrimonio familiar”, consideró el dirigente.

La Constitución establece el principio pro-persona y consagra el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa, aplicable bajo principios de equidad e inclusión social, aseveró el presidente del CICE.

La Ley Federal de Vivienda obliga a que esta cuente con espacios habitables y auxiliares suficientes con mínimo, dos recámaras, baño, cocina y estancia-comedor.

Destacó que corresponde a la autoridad municipal y a los constructores de vivienda controlar el desarrollo mediante el Estudio de Impacto Urbano (EIU) y la Memoria Descriptiva del Uso (MDU), instrumentos que evalúan la afectación a la estructura vial, hidráulica, sanitaria, social y económica.

“Para el CICE la vivienda del bienestar de 60 metros cuadrados impulsada por el Gobierno Federal que se dice serán progresivas, deben considerar terrenos de mínimo 120 metros cuadrados y con un frente de 6 m”, dijo.