Por Redacción

Ensenada.- Con el objetivo de desmantelar el control criminal de la cadena de comercialización de pescados y mariscos en Ensenada, se implementa la “Operación Marea”, informó el General Laureano Carrillo Rodríguez es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja.

Indicó, que mediante una intervención coordinada de seguridad, inteligencia financiera, fiscalización, inspección pesquera, verificación sanitaria, se aplicarán diversas acciones para la identificación y verificación de proveedores que operan en la cadena de suministro.

Asimismo, se realizarán inspecciones en centros de acopio, bodegas, congeladoras y puntos de distribución y se hace la revisión de documentación fiscal, sanitaria y comercial para validar el origen legal del producto.

El general, detalló, que además estas acciones contemplan, el cruce de información para detectar inconsistencias entre compra, venta, almacenamiento y facturación.

“Vamos aplicar medidas administrativas conforme a la ley, incluyendo aseguramiento de producto cuando corresponda y la clausura de establecimientos que no cumplan con la normatividad sanitaria vigente”, agregó.

El titular de la dependencia de seguridad, detalló, que esta estrategia contribuirá al fortalecimiento del sector pesquero, a la apropiación de la economía formal y la distribución legal de los productos del mar en la entidad.

El secretario informó que el Gobierno del Estado invierte más de 66 millones de pesos en el Centro Estatal Antiextorsión para fortalecer las capacidades tecnológicas de los agentes, principalmente en áreas de investigación y Policía Cibernética.

“Ensenada, aparece ahí con un foco rojo y con la  armonización de la ley, pues se crea la estrategia estatal antiextorsión, es decir, que tanto la federación como el estado de Baja California ya cuentan con su propia ley antiextorsión y a través de esta ley lo que hacemos es crear este centro estatal antiextorsión, que es el que hoy en día estamos nosotros utilizando precisamente para atender de manera más personalizada este delito”, enfatizó.

Por otra parte, habló de cómo han detectado el delito entre el sector pesquero; aseguró que los delincuentes, definen quién puede introducir camarón, pescado, pulpo, callo o almeja generosa al estado.

Obligan a restaurantes, pescaderías, carretas y posiblemente distribuidores a comprar a determinados intermediarios. Puede fijar precios, restringir competencia y castigar a quien compre fuera del canal impuesto.

Además, utilizan  empresas, bodegas, congeladoras, facturación, cuentas bancarias y transporte para aparentar legalidad.

“No necesariamente controla toda la captura primaria; puede controlar el tramo más rentable: acopio, almacenamiento, distribución y venta obligada”, finalizó.