Por Redacción

Ensenada.- La problemática de la pesca furtiva, la necesidad del reordenamiento de esa actividad y la burocratización en la expedición de permisos para la explotación de las pesquerías en las costas de Baja California, fueron planteados ante la subsecretaría de pesca del estado Celina Domínguez García.

Durante una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada encabezado por Orlando Fabiel López Acosta, la funcionaria reconoció que, en efecto, uno de los mayores problemas que enfrenta la dependencia es la incapacidad legal y material para inspeccionar mil 565 kilómetros de litorales con que cuenta Baja California en el pacífico y el golfo.

Explicó que antes se hacía con el apoyo de los propios pescadores que operan de manera regular porque la dependencia no tiene inspectores, embarcaciones ni recursos para llevar a cabo esa función que le corresponde a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), y a partir del 7 de junio próximo pasarán a la Secretaría de Marina (Semar), que asumirá esas facultades.

En ese tema, añadió que la problemática de la pesca furtiva se ha complicado ya que antes era solo eso, pero ahora se agrava con la incursión de la delincuencia organizada que mantiene atemorizados a los pescadores y comunidades rivereñas, que ya no quieren colaborar con las autoridades a controlar “la piratería”, debido a las amenazas que se ciernen en contra de ellos y sus familias.

En el encuentro el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola, Alfonso Rosiñol De Vecchi, planteó la lentitud en la entrega de resultados de laboratorio de las muestras de moluscos bivalvos, que retrasan la apertura de áreas de pesca cerrada por vedas sanitarias, con lo cual se alargan los periodos de inactividad para los pescadores que dependen de ella, ya que anteriormente demoraban 24 horas y actualmente son 9 días

Sobre la situación, Domínguez García aclaró, que no es competencia de la dependencia, pero si es de su incumbencia, y por ello se ha estado trabajando para tratar de resolverlo por la importancia que tiene para la comercialización de las especies.

Por otra parte, cuestionada sobre la descentralización de las concesiones de pesca, Domínguez García dijo que desde el inicio de esta administración se han venido haciendo gestiones ante la Conapesca para que la expedición de permisos para algunas especies se pueda dar en la entidad, para lo cual espera que la próxima administración continúe el proceso y lo pueda finalizar

Relativo a la pesca furtiva, la subsecretaría de pesca de Baja California adelantó que ya se han hecho acercamiento con las autoridades de la Semar para hacerle llegar carpetas informativas sobre las vedas y proporcionarle información que les pueda ser de utilidad para capacitar a su personal para algunas labores de inspección, como las características de las especies.

Explicó la complejidad del sector pesquero y su problemática, ya que cada zona tiene sus propias características y no pueden ser atendidas con la misma estrategia.

La funcionaria reconoció que hay buenas expectativas de que las funciones de inspección pasen a la Semar, ya que en las costas de Baja California hay especies de un alto valor comercial que vale la pena proteger.

Por otra parte, indicó que la dependencia a su cargo está buscando la manera de reactivar el  mercado para la producción pesquera, ya que la situación en algunos casos es dramática al grado de que algunos productores que se han visto en la necesidad de cerrar durante la pandemia.

Durante el encuentro los dirigentes del sector pesquero integrado en el CCEE, plantearon a la funcionaria la necesidad de que se trabaje en todos los temas que tienen relación con la reactivación de todo el sector y se resuelvan aspectos como la lentitud en la expedición de los permisos.

Así como también solicitaron que la Secretaría de Economía y a la subsecretaría de Pesca que apoyen a las empresas pesqueras antes las autoridades municipales, ya que el actuar del gobierno ha sido un impedimento para la reactivación económica, pone en riesgo los empleos y ahuyenta futuras inversiones al no tener certeza jurídica de instalarse en nuestro municipio.