Por Redacción
Ensenada.- Abogadas y abogados inconformes se manifestaron este lunes en los juzgados civiles y familiares para exigir que la defensa legal en casos de niñas, niños y adolescentes no sea sujeta a nuevos requisitos de especialización para litigantes, luego de que el Acuerdo 07/2026 estableciera especialización al considerar que la disposición es restrictiva y excluyente.
Eva Covarrubias, delegada Estatal de la Coordinadora Nacional de Abogados en México en Baja California (Conamex), dijo que la mayoría de las barras y colegios están en contra de este acuerdo, al que califican como una imposición por parte del Poder Judicial, al exigirles a los litigantes en materia familiar que cuenten con un posgrado para poder litigar los asuntos de oralidad familiar.
Durante la protesta, refirió que el acuerdo contempla un estándar mínimo de especialidad en derecho familiar con denominación equivalente vinculada a la protección jurídica de las familias y las personas menores de edad, para efectos de esa especialización las personas interesadas deberán de contar con la cedula profesional correspondiente al grado académico de especialidad, maestría o doctorado, y van a tener una prórroga de tres años para acreditarlo.
Indicaron que la especialización no debe interpretarse como una limitación al libre ejercicio profesional, sino como una medida para fortalecer la calidad de la representación legal cuando se trata de menores de edad.
Los manifestantes recordaron que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece la necesidad de contar con formación especializada, con el objetivo de asegurar una defensa técnica adecuada.
Los abogados inconformes reconocieron que existe resistencia ante la obligatoriedad de la capacitación, aunque consideraron que esta postura evidencia la necesidad de reforzar la formación especializada.
Añadieron que la medida no debería limitarse únicamente a litigantes, sino extenderse a todos los operadores del sistema de justicia que intervienen en casos relacionados con la infancia.
Finalmente, los participantes reiteraron que la prioridad debe centrarse en garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, por encima de intereses particulares.