Por Redacción

Ensenada.– Ante el cobro de 15.50 pesos y la nulidad en la gratuidad para personas con discapacidad en el servicio de transporte público de Ensenada, el Comité Ejecutivo Estatal del PAN, buscará amparar a usuarios.

La presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, declaró que la implementación del cobro se trata de una afectación directa a la economía de las personas, además de vulnerar los derechos humanos.

“los cobros que se están generando es injusta y por eso en Acción Nacional queremos exigir al gobierno estatal reversa a las tarifas y además, llevaremos a cabo acciones legales”, dijo.

Mata Lozano, ejemplificó que en otros estados de la república, se han generado acciones legales con “amparos colectivos”, y que han tenido efectos favorables para la ciudadanía.

La presidente del CME del PAN, explicó, que se asesorarán a ciudadanos que deseen sumarse a estas acciones legales para impedir que se siga pagando el aumento.

“No podemos hablar hoy de resultados hasta hacerlo por la vía jurídica y ciudadana. La exigencia de la gente manifestándose en contra del gobierno es la solución a este tipo de actos”, mencionó.

Finalmente, señaló que este aumento “sorpresivo” afecta la economía de las familias, sobre todo, a inicios de año, donde se suman cobros por otros conceptos.

Impacto en personas con discapacidad
Uno de los puntos más preocupantes es la eliminación de la exención de pago para personas con discapacidad. Con este dictamen, ahora deben cubrir el 50% de la tarifa, lo que representa un retroceso en sus derechos.

“El aumento de tarifas marca el inicio del 2025 con un golpe directo a las personas más vulnerables, quienes enfrentan mayores dificultades para trasladarse”, señaló el regidor Adrián García García, presidente de la Comisión de Salud del Cabildo de Ensenada.

Agregó que acompañará las acciones que impulsará la dirigencia del PAN, a la vez que desde el Cabildo hará lo conducente para seguir alzando la voz por las personas con discapacidad, así como el oficio que dirigirá la Instituto de Movilidad Sustentable para que reconsidere y se corrija este acto que lesiona sus derechos humanos.

Por su parte, Jerónima Gálvez, representante de la Asociación Justicia y Respeto para la Discapacidad, criticó que el dictamen no considera el impacto en las familias con integrantes discapacitados. Además de que, si se buscaba la homologación de la tarifa, porque no se pensó en homologar la gratuidad para el resto de los municipios.