Por Redacción
CDMX.- El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla, que pretende ampliarle el mandato a un gobernante electo y que es el laboratorio para la ampliación de mandato a nivel federal.
«Venimos a decirle al otro Poder que haga respetar la Constitución, venimos a confiar en que aquí se le dirá no a Jaime Bonilla y se le dirá no a Morena en su pretensión de ampliarse el mandato, de legislar para sí y de vulnerar el orden constitucional y democrático en México», afirmó.
Acompañado por los Coordinadores parlamentarios en el Senado, Mauricio Kuri y en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y de los legisladores Ernesto Ruffo Appel y Lizbeth Mata Lozano, el dirigente nacional dijo que además de este recurso, seguramente Acción Nacional presentará otra impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes del primero de noviembre.
«Nosotros confiamos en la Suprema Corte de Justicia, por eso estamos aquí en su autonomía, en su independencia, y que harán valer el Estado de Derecho y que no se someterán al interés morenista del gobierno y de Jaime Bonilla de la ampliación de mandato, a que no se someterán al interés de este laboratorio en Baja California para que luego pudiera ser un ejercicio a nivel federal», explicó.
Sobre la captura y posterior liberación del hijo de «El Chapo» Guzmán por parte del Estado mexicano, el Presidente del PAN aseguró que este hecho es inaceptable, porque condena la vida de personas en todo México. «Es absolutamente reprochable y tristemente marcará al gobierno morenista como un gobierno cobarde».
«Hoy, la delincuencia organizada ya le tomó la medida al gobierno, ya quedó claro que aquí quien manda es la delincuencia y no es el gobierno, y eso es un Estado fallido. López Obrador debe comenzar a gobernar no a seguir informando en sus mañaneras todos los días, sino a gobernar, a darnos resultados», indicó.
Marko Cortés señaló que ante este hecho lo mínimo que debe ocurrir es la renuncia de todos los funcionarios que participaron en el operativo. «Si no renuncian todos los responsables de lo ocurrido, entendemos entonces que el Presidente de la República pactó con la delincuencia».