Por Redacción

Ensenada.– En busca de que se sancione con mayor severidad las uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes, la Red de Mujeres Unidas por Baja California, encabezada por su presidenta Vanesa García y su vicepresidenta Daniela García Salgado, presentarán ante el Congreso del Estado de Baja California una iniciativa de reforma al Código Penal.

Esta propuesta surge a partir de un planteamiento de la activista Eufrocina Cruz, quien convocó a la Red a trabajar en la materia.

Las representantes de la organización, refirieron que aunque en México se han realizado esfuerzos legislativos, la práctica de matrimonios y uniones tempranas y forzadas sigue siendo un problema grave.

De acuerdo con datos del INEGI y de organismos internacionales, cientos de niñas y adolescentes en comunidades indígenas y rurales continúan siendo obligadas a casarse o cohabitar con adultos cada año, lo que vulnera su salud, su educación y sus oportunidades de vida.

La iniciativa propone reformar el artículo 113 BIS para declarar imprescriptibles los delitos cometidos contra menores y adicionar un Capítulo V que tipifique el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años con penas de ocho a quince años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa, aumentando hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a pueblos o comunidades indígenas, afromexicanas, sea persona con discapacidad o pertenezcan a un grupo de atención prioritaria.

“Es urgente reforzar la ley para garantizar su protección y su derecho a una vida libre de violencia”, afirmó Vanesa García, presidenta de la Red.

Por su parte, Daniela García Salgado, vicepresidenta, señaló que la iniciativa no es solo un cambio legal, es una respuesta a una realidad que afecta a miles de niñas y adolescentes en Baja California y en todo México.

La Red de Mujeres Unidas por BC hizo un llamado a los diputados del congreso estatal a analizar y aprobar esta reforma, que armoniza la legislación de Baja California con compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y que busca construir un Estado donde la infancia crezca libre de violencia y desigualdad.