Por Nelly Alfaro
Ensenada.- Se presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra de regidores y funcionarios del Ayuntamiento de Ensenada por parte de representantes de diversos organismos, argumentando una serie de irregularidades en el proceso de licitación y ante la nula respuesta de los ediles para resolver la revocación del contrato.
El abogado José Ángel Bustamante Arvizu, declaró que cuando se gestó la demanda fue por las afectaciones a la comunidad sin retribución justa para las finanzas del ayuntamiento y por actos que se consideran contrarios a las normas constitucionales que rigen la administración pública.
Asimismo, sugirió que hubo un acuerdo previo entre ayuntamiento y la empresa contratada (Iberparking), derivada de una convocatoria que no fue publicada debidamente y que no reúne los requisitos, por lo que se busca la sanción administrativa o bien inhabilitación de regidores y funcionarios municipales.
Sostuvo, que no hay un estudio serio ni validado por personal que esté técnicamente capacitado para determinar que se instalen 3, 500 espacios para estacionamiento, sin haber consultado a la población que presuntamente resultará afectada económicamente.
“El juicio va contra regidores porque ellos al protestar cumplir con la ley pudieron haberse reusado; cómo se obtuvo una oferta a nivel nacional a 11 días y ese diagnóstico por qué no fue incorporado al Plan Municipal y son indicios que fue algo acordado”, reiteró.
El abogado, agregó, que otras de las irregularidades es que la convocatoria no establece qué se está licitando; la demanda está firmada por María Victoria García Galindo, José Ángel Bustamante Arvizu, Mario Zepeda Jacobo, Jorge Menchaca Sinencio, Juan Antonio Sánchez Zertuche, Gildardo Rosas Meza, Eva Covarrubias, Rafael Chávez Montaño, Alejandro Jara Soria, Héctor Moreno Neri.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, Jorge Menchaca Sinencio, declaró que la demanda está fundamentada legal y contablemente y pueden derivar en que el congreso pueda fundamentar que se aplique las sanciones que se requieren.