Por Redacción

Mexicali.– La diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presentó iniciativa para crear la Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia del Estado de Baja California, con el objetivo de crear un marco normativo que prevea políticas públicas enfocadas a las áreas de economía, salud, laboral, asesoría legal, acceso a centros de atención, obtención de estímulos fiscales y la implementación de programas sociales.

La legisladora explica en el documento que el ordenamiento jurídico propuesto prevé los derechos y las obligaciones de las jefas de familia, en materia laboral, alimentaria, de salud, medio ambiente y cultura, además de considerar modificaciones en el Consejo Estatal, que cambiaría a ser Consejo Estatal Consultivo para el Fortalecimiento de Jefas de Familia, con lo que se otorgarían mayores responsabilidades y facultades a la Coordinación de Jefas de Familia, así como una sección exclusiva para delimitarlas.

Destacó que las madres jefas de familia no sólo tienen que enfrentarse a desventajas sociales y económicas, sino también a niveles altos de estrés y desgaste físico que conlleva a un riesgo mucho más alto de fallecer prematuramente, registran incluso un nivel de educación más bajo y se desempeñan en trabajos mayormente manuales de baja remuneración.

Dentro de la Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia del Estado de Baja California se contemplan capítulos enfocados a establecer y regular sus derechos, así como las políticas públicas y acciones del Estado para brindar una atención preferencial para su bienestar y el de sus dependientes en línea directa que habitan en la entidad.

La diputada Evelyn Sánchez manifestó que “esta XXV Legislatura del Estado de Baja California no deben pasar por alto que se aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano estatal, para adicionar como un derecho de las madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad, recibir un apoyo económico periódico a través del programa social de “Tarjeta Violeta”, lo cual denota la urgencia de contar con un ordenamiento jurídico que contemple los derechos, obligaciones y requisitos para las personas sujetas a este apoyo.