Por Redacción
Mexicali.- La Diputada Adriana Padilla Mendoza, presentó una iniciativa con el objeto de fortalecer el marco jurídico penal del Estado para cerrar vacíos legales existentes y dotar a las autoridades de herramientas eficaces para la prevención, investigación y sanción de la sumisión química con fines delictivos.
Propuso en su iniciativa de adición al Código Penal Estatal que se sancione con penas de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa, a quien administre, suministre o haga ingerir sustancias, con el propósito de disminuir o anular la voluntad de una persona, para facilitar la comisión de conductas ilícitas.
En su exposición de motivos, mencionó que, el caso de Baja California, su condición fronteriza, la intensa movilidad poblacional y la importante actividad turística y de entretenimiento nocturno, incrementan los factores de riesgo asociados a este tipo de conductas.
Añadió que, en este contexto, se han documentado denuncias en las que, principalmente mujeres jóvenes, refieren haber sido víctimas de administración no consentida de sustancias en bebidas o alimentos, derivando posteriormente en agresiones sexuales, robos, desapariciones temporales u otras formas de violencia.
Diversas organizaciones civiles, colectivos y especialistas en materia de seguridad y derechos humanos, han advertido el incremento de riesgos asociados al uso de sustancias incapacitantes en contextos de violencia de género, particularmente en espacios de convivencia social y establecimientos abiertos al público.
Prevé la presente iniciativa agravantes, cuando la víctima sea mujer, niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad; y cuando exista relación de confianza, autoridad o subordinación.
Asimismo, cuando los hechos ocurran en establecimientos abiertos al público; se utilicen sustancias de difícil detección toxicológica; o cuando la conducta tenga como finalidad la comisión de delitos sexuales, trata de personas, secuestro, robo o feminicidio.
De igual forma, se establecen reglas de concurso de delitos, para aquellos casos en los que, como consecuencia de la sumisión química, se cometan otros ilícitos, evitando vacíos de punibilidad y garantizando una adecuada respuesta del sistema penal.