Por Redacción

Mexicali.– Para agilizar y facilitar los procedimientos a favor de los ciudadanos que reclamen una indemnización por daños que les hayan sido causados por una mala actuación o decisión de entidades públicas del Estado y municipios, el diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad del Estado.

Diego Lara explicó que la responsabilidad patrimonial del Estado constituye un principio esencial del Estado de Derecho, al reconocer que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños que le sean causados por la actividad administrativa irregular de las autoridades.

En Baja California, el procedimiento para reconocer la responsabilidad del Estado se ha vuelto excesivamente formalista y poco accesible, especialmente por el requisito de presentar un dictamen pericial, lo cual representa un obstáculo costoso que limita el ejercicio efectivo del derecho a la reparación.

El legislador mencionó el caso particular de los baches, que constituyen un ejemplo cotidiano y tangible de los daños que enfrentan los ciudadanos. En ciudades como Tijuana, Mexicali, Ensenada o Tecate, muchos autos sufren daños mecánicos como neumáticos reventados, suspensiones averiadas, al transitar sobre calles en mal estado, producto de la falta de mantenimiento vial oportuno.

“Esa situación reduce la confianza ciudadana, porque el municipio genera el riesgo del daño, pero no asume responsabilidad eficaz. Reconocer ese problema fortalece la exigencia de una reforma que elimine barreras al acceso de reparación”.

La propuesta busca consolidar un procedimiento más humano, ágil y eficiente. El dictamen pericial se eliminaría como requisito de procedibilidad, conservándose únicamente como medio probatorio facultativo. Asimismo, se establecen plazos máximos para resolver las reclamaciones, se simplifican los requisitos de admisión y se unifica el procedimiento en todos los municipios.

“La reforma busca consolidar un sistema de responsabilidad patrimonial más justo, en el que la carga probatoria no recaiga en el ciudadano y cada daño encuentre respuesta jurídica plena”, concluyó el congresista.