Por Redacción

Mexicali.– Con el firme compromiso de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa para que los menores que enfrenten situación de orfandad tengan acceso prioritario a los programas de desarrollo social implementados por el Estado.

La propuesta busca reformar el artículo 15 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, adicionando una fracción IV que establezca explícitamente dicho acceso preferente.

“Ante una realidad dolorosa que enfrentan miles de niñas y niños huérfanos, es necesario dar una respuesta institucional clara, humana y efectiva que garantice su bienestar y desarrollo”, afirmó la legisladora.

En su exposición de motivos, Peñaloza Escobedo subrayó que la orfandad no sólo implica la pérdida afectiva, sino también una situación de desamparo económico, social y educativo, que puede derivar en condiciones de abandono escolar, pobreza extrema, malnutrición o explotación infantil.

De acuerdo con datos del INEGI y organizaciones civiles como la Fundación Esperanza Contigo A.C., más de cinco mil niñas y niños se encuentran en esta condición tan solo en Baja California, y la cifra va en aumento, particularmente en regiones fronterizas.

La iniciativa se alinea con el principio del interés superior de la niñez, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. La diputada recalcó que “no se trata de un privilegio, sino de una medida de justicia social que contribuya a romper los ciclos de desigualdad desde una edad temprana”.

Asimismo, destacó que establecer esta prioridad en la ley brindará certeza jurídica y obligará a las dependencias estatales a diseñar mecanismos específicos para identificar y atender con eficacia a esta población.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos, para su estudio y dictaminación.