Por Redacción

Ensenada.-  Agentes inmobiliarios del estado, rechazaron la propuesta del diputado Jaime Cantón Rocha, de rentas fijas, bajo el argumento de que afectará el desarrollo de la industria inmobiliaria.

Agentes inmobiliarios afiliados al Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), sugirieron al diputado local que sea el estado el que enfoque sus programas sociales a la creación de vivienda popular para ofrecerla en rentas económicas a las personas que lo necesiten.

Otra opción, mencionaron,  es que el estado pague la renta de las personas en situación de necesidad con el presupuesto que actualmente se destina a otros programas sociales.

También propusieron que se modifique el Código Civil para acelerar los procesos de desahucio ya que los juicios actualmente pueden llevar años en resolverse en detrimento de los propietarios de las casas que en su mayoría son personas de la tercera edad que invirtieron a lo largo de su vida para vivir de sus rentas.

Subrayaron en es común que los inquilinos no cuiden las viviendas y por lo menos el importe de 4 meses de los 12 de renta anual, los tienen que invertir en reparaciones, con lo que ven afectados sus ingresos.

Luego de reconocer a los profesionales inmobiliarios por la certificación de su desempeño, el diputado Jaime Cantón Rocha ofreció mantener diálogo permanente con este gremio para recoger sus inquietudes, experiencias y aportaciones para perfeccionar la iniciativa.

Expuso que entre 2010 y 2020 aumentó en un 80% la población que vive en vivienda rentada lo que afecta a la mayoría con menos recursos que pagan entre 5 y 6 mil pesos por espacios reducidos o se ven obligados a compartir el pago de la renta con otras personas.

Mientras el salario mínimo subió 11%, las rentas aumentaron 17%. “La gente destina la mayor parte de sus ingresos para pagar la renta; ante esa realidad,  la iniciativa busca justicia económica sin vulnerar el derecho de los propietarios a obtener ingresos justos”, mencionó.

El legislador ponderó el programa de vivienda del Gobierno del Estado que busca realizar 100 mil acciones de viviendas de interés social, de las cuales ya se concretaron 39 mil.

“Se trata de frenar prácticas abusivas y garantizar el derecho a una vivienda digna, aunque aclaró que no se busca imponer un tope a los precios de los arrendamientos que seguirán sujetos a la oferta y la demanda, ya que la iniciativa va encaminada a las renovaciones de los contratos”, puntualizó el legislador.