Por Redacción
Ensenada.- Tras el acto de violencia en contra de una mujer en Ensenada, víctima de la exposición no consensuada de fotografías en una manta colocada en la vía pública, la Red de Mujeres Unidas por Baja California brindó su apoyo a la víctima y exige justicia a las autoridades.
“La violencia digital, que incluye la exhibición de fotos o videos íntimos sin el consentimiento de la persona, se considera un delito en Baja California gracias a la aprobación de la Ley Olimpia”, explicó, Daniela García Salgado, coordinadora del organismo en Ensenada.
Refirió, que Olimpia Coral Melo, impulsora de dicha ley, establece que el acoso digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, ha colaborado con la red para brindar su apoyo y conocimientos en defensa de las víctimas. También han compartido una guía detallada para ayudar a las personas que enfrentan esta forma de violencia.
García Salgado destacó la importancia de la reforma al Código Penal Federal y Estatal en Baja California, que permitió que muchas mujeres tuvieran acceso a esta ley. Sin embargo, enfatizó que es crucial que la población comprenda qué constituye la violencia digital y cómo denunciarla.
“La Ley Olimpia castiga acciones como grabar, fotografiar o difundir contenido sexual íntimo sin consentimiento. Además, se busca sancionar a quienes exponen, distribuyen o comparten este tipo de contenido. Toda esta información busca empoderar a las víctimas y garantizar que la justicia se cumpla”, dijo.
Por otra parte, mencionó que es alarmante que el 65% de las mujeres no denuncie la violencia digital, según datos del MESECVI, y que las denuncias a menudo no obtengan respuesta de las autoridades.
En Baja California, esta ley fue aprobada en 2020 y establece penas de prisión de 1 a 6 años y multas de 500 a 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida vigente. A nivel nacional, se estima que 9.4 millones de mujeres han sufrido ciberacoso, siendo el 55% de los agresores hombres.
Para concluir la coordinadora de la asociación hace un llamado a la autoridad para que actúe conforme a la ley y haga del conocimiento público el resultado de la investigación y la sentencia que se obtenga y no solo quede en una denuncia más como los casos de feminicidio.
