Por Yuver Maceda
Ensenada.- La industria gastronómica corre el riesgo de aumentar el número de cierres de negocios a causa de la imposición de una nueva licencia sanitaria por parte del congreso estatal, por lo que las cinco delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se han sumado a un amparo colectivo para defenderse legalmente.
Lo anterior lo señaló Miguel Ángel Badiola Montaño, Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de la Canirac, quien dio detalles de esta iniciativa legal que emprenderán alrededor de 150 organismos empresariales en Baja California.
«Por la situación desafortunada que estamos viviendo es que nos unimos. En el estado la industria gastronómica genera poco más de 200 mil empleos, a través de 10 mil establecimientos, y estamos hablando que entre el 30% y 35% no podrá reaperturar», apuntó.
Al agregar una nueva carga como esta licencia sanitaria, dijo, aumentaría ese procentaje de negocios que no podrá abrir sus puertas nuevamente, ya que el 85% de los establecimientos son micro, pequeños y medianos que no están en condiciones de solventar más regulaciones.
«El solo hecho de vivir esta incertidumbre, porque no sabemos si va a aplicar este año o el próximo, si va a costar o no, tiene a la industria en un momento difícil, por lo que ya estamos recabando la documentación y haciendo la convocatoria a través de redes sociales y de nuestras delegaciones de Canirac», expuso Badiola Montaño.
Agregó que de acuerdo con un estudio que realizó la cámara a nivel nacional, se estima que los restaurantes tardarán en promedio cinco años para recuperarse de esta crisis, pues es algo que en 100 años que tiene esta industria en México, jamás se había vivido.
Al respecto, el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, representante legal de los Consejos Coordinadores Empresariales en el estado, mencionó que en este amparo se encuentran alrededor de 150 organismos empresariales, buscando defender 10 mil negocios.
Aseguró que las reformas a la Ley de Salud Pública de Baja California que aprobaron diputados del Congreso local son inconstitucionales, debido a que no establecen el cobro en la Ley de Ingresos, y deja abiertas las clasificaciones o conceptos sobre, exactamente qué tipo de negocios deberían tramitar dicha licencia.
«Además, sobrerregula, pues ya existía una serie de exigencias; aquí lo que está buscando esta medida es generar un estado de incertidumbre, porque no dice si la licencia se requiere para la apertura, reapertura, el mantenimiento, para que se sostenga de forma anualizada, entre otras imprecisiones», explicó el abogado fiscalista.
El primer paso, detalló, es entrar a la página www.tueresbc.org, identificar si son personas físicas o morales y recabar la documentación que se especifica, así como los sitios a donde deben enviarla, para lo cual ya se cuenta con más de 200 voluntarios que estarán apoyando en el proceso.
Por último, comentó que el expediente con todas las firmas de los demandantes será entregado al juez de distrito de cada ciudad, por lo que hizo un llamado a unirse a esta acción legal que busca el bienestar de 800 mil familias en el estado.