Por Redacción

Ensenada.- El Consejo Agrícola de Baja California advirtió que sin un acuerdo social que proteja al sector primario, incentive la contratación y garantice la continuidad de la seguridad social en las zonas rurales, el estado enfrentará consecuencias económicas, sociales y políticas de gran magnitud.

El presidente del organismo, Walberto Solorio Meza, insistió en que se establezcan  compromisos interinstitucionales urgentes para detener la contracción operativa del campo, la cual ya ha generado una reducción drástica en la contratación de jornaleros y técnicos agrícolas.

“Si no hay condiciones para sostener el empleo agrícola, la seguridad social colapsará, se debilitará el ingreso familiar, aumentará la deserción escolar y se incrementarán los niveles de tensión comunitaria en los valles agrícolas de Baja California”, declaró.

Solorio Meza alertó que ya se observan efectos colaterales: pérdida de acceso a servicios médicos, suspensión de pagos al Infonavit, cierre de rutas de transporte laboral y disminución del consumo en comunidades enteras.

Actualmente, la agricultura genera más de 120 mil empleos formales en el estado, de los cuales el 90% están registrados ante el IMSS, lo que representa una fuente masiva de aportaciones a la seguridad social y un sustento económico para miles de hogares.

El dirigente explicó que cada 10 mil empleos agrícolas representan, en promedio, 250 millones de pesos anuales en contribuciones fiscales directas e indirectas. La pérdida de esa base no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la recaudación y al sistema de protección del estado.

“Esto no es solo un problema productivo. Es un tema de gobernabilidad. Si el campo colapsa, lo que sigue es una cadena de desestabilización que alcanzará a las zonas urbanas, a las instituciones públicas y al tejido político”, finalizó