Por Redacción
Ensenada.– Un cobro injustificado y desmedido hacia pequeños empresarios, por parte del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS), fue señalado por el integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, Marcos Carlón.
Indicó, que la discrecionalidad en operativos y sanciones abre un espacio directo a prácticas de corrupción; además se han denunciado doble registro vehicular y reclasificación de unidades que elevan costos de operación para microempresas y trabajadores independientes.
Señaló que el IMOS mantiene prácticas de cobro y sanción que impactan de forma directa a pequeños y microempresarios que utilizan vehículos como herramienta de trabajo; expuso que uno de los principales problemas detectados es el doble cobro de registro, al exigir que una misma unidad sea inscrita tanto en el padrón vehicular general del estado como en un padrón adicional del IMOS.
Como tercer elemento, Carlón advirtió que la aplicación discrecional de detenciones, remolques y multas, sin infracción previa ni procedimientos estandarizados.
“Esta duplicidad de registros y facultades de supervisión genera una carga económica adicional para comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores independientes que no ofrecen transporte al público, pero que dependen de sus unidades para operar de manera cotidiana”, comentó.
Carlón advirtió que, además del doble registro, se están aplicando remolques de unidades sin previa advertencia por portar algún documento vencido, aun cuando la falta no represente un riesgo inmediato para la seguridad vial ni derive de una infracción de tránsito.
El integrante del Colegio de Abogados sostuvo que se han documentado casos en los que los conductores son detenidos sin haber cometido infracción alguna, sin fallas mecánicas ni eléctricas, con placas y documentos vigentes, y aun así se les impone una multa por no estar registrados ante el IMOS.
Carlón explicó que estas medidas afectan de manera directa a recolectores de grasa, vendedores ambulantes, comerciantes y microempresas que utilizan vehículos utilitarios para generar ingresos, sin contar con la estructura financiera para absorber incrementos regulatorios inesperados.
Finalmente, Marcos Carlón sostuvo que el IMOS debe revisar de fondo sus esquemas de registro, supervisión y sanción, y establecer reglas claras y proporcionales que distingan entre servicio público y uso privado productivo, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía, a la economía local y a la legalidad en la aplicación de la norma.