Por Redacción

Ensenada.- Marcos Carlón, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, señaló que el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) mantiene prácticas de cobro y sanción que impactan de forma directa a pequeños y microempresarios que utilizan vehículos como herramienta de trabajo.

Expuso que uno de los principales problemas detectados es el doble cobro de registro, al exigir que una misma unidad sea inscrita tanto en el padrón vehicular general del estado como en un padrón adicional del IMOS, sin que exista una diferenciación clara entre transporte privado de trabajo y servicio público.

Asimismo, advirtió que la aplicación discrecional de detenciones, remolques y multas, sin infracción previa ni procedimientos estandarizados, abre la puerta a prácticas de corrupción, al dejar en manos del criterio del inspector la decisión de sancionar, inmovilizar la unidad o permitir la continuidad del trayecto.

“Esta duplicidad de registros y facultades de supervisión genera una carga económica adicional para comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores independientes que no ofrecen transporte al público, pero que dependen de sus unidades para operar de manera cotidiana”, recalcó.

Además, dijo, se están aplicando remolques de unidades sin previa advertencia por portar algún documento vencido, aun cuando la falta no represente un riesgo inmediato para la seguridad vial ni derive de una infracción de tránsito.

El integrante del Colegio de Abogados sostuvo que se han documentado casos en los que los conductores son detenidos sin haber cometido infracción alguna, sin fallas mecánicas ni eléctricas, con placas y documentos vigentes, y aun así se les impone una multa por no estar registrados ante el IMOS.

Finalmente, Marcos Carlón sostuvo que el IMOS debe revisar de fondo sus esquemas de registro, supervisión y sanción, y establecer reglas claras y proporcionales que distingan entre servicio público y uso privado productivo.