Por Nelly Alfaro
Ensenada.- El próximo 16 de enero vence el plazo concedido por el Juez Décimo de Distrito dentro del expediente 666/2010, a las Autoridades del XXI Ayuntamiento de Ensenada para el desalojo de locatarios de la Bufadora.
Marco Antonio Díaz Sánchez, representante legal del Ejido Coronel Estaban Cantú, indicó que las autoridades municipales no muestran interés de efectuar lo estipulado por el juez, luego de que hace un mes estuvieron en pláticas con el presidente municipal y se llegó al acuerdo de que sería el primer edil quien hablaría con locatarios para un desalojo pacífico.
Se concedieron dos prórrogas más, en ese lapso el ejido fue “sorprendido” por autoridades municipales puesto que se notó inclinación hacia los locatarios que deben de ser desalojados.
“Al estudiarse los elementos de la suprema corte ordena la separación del cargo por el abuso de autoridad al no acatar el fallo federal, dado que las autoridades municipales no han actuado de acuerdo a lo estipulado por el juez de distrito”, dijo.
El representante legal, señaló que las autoridades del vigésimo primer ayuntamiento de Ensenada, fueron apercibidas de iniciar en su contra el incidente de inejecución para el caso de desobediencia a lo ordenado en la sentencia federal, lo anterior de conformidad con los artículos 105 de la Ley de amparo aplicable.
Aseveró que el presidente municipal, han hecho declaraciones a través de los medios de comunicación, en las cuales se observan intentos de evadir el cumplimiento del fallo federal, manifestando que no cumplirán la sentencia en la forma ordenada, sino que “buscaran alternativas” de solución, circunstancia que no concuerda, según Díaz Sánchez, con el mandato contenido en la sentencia ejecutoria ni con su obligación de acatarla íntegramente.
“En consecuencia, el Ejido Coronel Esteban Cantú, se opone de manera rotunda a las omisiones y evasivas demostradas por las autoridades señaladas, y en consecuencia retira su oferta de celebrar contratos de arrendamiento con los particulares asentados en el centro comercial, exigiendo de las autoridades obligadas el cabal cumplimiento de la sentencia judicial”, enfatizó.