Por Redacción

Ensenada.- Marcos Carlón, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, señaló que las agresiones con sustancias corrosivas requieren tratamiento jurídico y operativo diferenciado, por el tipo de daño que provocan y por el patrón de violencia de género con el que se presentan.

El abogado sostuvo que el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California para reformar el artículo 143 TER del Código Penal estatal apunta a ampliar y especificar los supuestos de “violencia química” contra la mujer, además de robustecer obligaciones del Ministerio Público para garantizar protección a la víctima.

Carlón expuso que el mensaje institucional debe ser directo: cuando se documenta el uso de ácidos, álcalis u otras sustancias corrosivas, la investigación no puede tratarse como una lesión común, porque la agresión suele buscar daño permanente, control y castigo, y la respuesta del Estado define si hay prevención de nuevas violencias o repetición del riesgo.

En su posicionamiento, indicó que el dictamen discutido en Baja California incorpora la exigencia de actuación con perspectiva de género y coordinación para decretar medidas de protección previstas en la legislación de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica actuar desde la denuncia sin trasladar cargas a la víctima.

El integrante del Colegio de Abogados subrayó que el problema también es de registro y seguimiento. Recordó que, a nivel nacional, se ha señalado la ausencia histórica de cifras oficiales precisas sobre ataques con ácido, mientras organizaciones civiles han llevado conteos propios para visibilizar el fenómeno y empujar reformas.

Como referencia del avance normativo, Carlón mencionó que en Ciudad de México ya se reconoció la violencia ácida en la ley local y se tipificó el ataque con sustancias corrosivas, además de establecer la obligación de generar registros desde los servicios de salud para alimentar estadísticas y rutas de atención.

Añadió que el componente internacional confirma la necesidad de legislación y políticas públicas específicas: se estima que cada año ocurren al menos 10 mil ataques con ácido en el mundo, con subregistro por falta de denuncia y ausencia de sistemas de conteo en varios países.

Finalmente, el abogado pidió que el Congreso cierre el proceso legislativo y que, en paralelo, se active una implementación verificable: capacitación a primer respondiente, criterios de actuación ministerial, coordinación con salud para atención de quemaduras por corrosivos y medidas de protección inmediatas, porque —dijo— el objetivo es que la víctima no enfrente sola el tramo más riesgoso después de denunciar.