Por Redacción

San Quintín.– La presidenta municipal Miriam Cano Núñez advirtió que las leyes creadas para proteger a las mujeres no pueden ser manipuladas para limitar el debate público, presionar a funcionarios o convertir cualquier diferencia política en una denuncia por violencia política en razón de género.

La alcaldesa fijó su postura después de conocer que ella y las funcionarias Mariela Méndez Sumaya y Hasel Noemí Martínez fueron denunciadas tras los hechos registrados afuera de una sesión de Cabildo, donde se discutió una modificación presupuestal para fortalecer la Dirección de Administración Urbana y proteger el archivo catastral del municipio.

Cano Núñez señaló que respalda las medidas de protección cuando existen amenazas o condiciones de riesgo, pero sostuvo que las autoridades deben diferenciar entre una agresión motivada por género y una confrontación de ideas propia del ejercicio público.

“Con la ley no se juega. No se puede tergiversar un mecanismo creado para proteger a las mujeres y utilizarlo para callar, desacreditar o impedir que un gobierno dé su versión de los hechos”, expresó.

Recordó que en noviembre de 2024 fue denunciada por la regidora Ashley Giselle Casillas Gómez y permaneció durante más de un año bajo medidas cautelares que le impedían mencionarla, acercarse o responder públicamente a los señalamientos.

El 23 de abril de 2026, el pleno del Tribunal de Justicia Electoral resolvió por unanimidad que la violencia política denunciada era inexistente.

La presidenta municipal afirmó que durante ese periodo se limitó la discusión dentro del Cabildo y cualquier expresión podía ser presentada como una nueva conducta violatoria.

Sobre el conflicto reciente, explicó que la discusión surgió cuando funcionarias municipales aclararon que el ajuste presupuestal no contemplaba la compra de otro programa informático, sino equipo para digitalizar, respaldar y resguardar documentos sobre predios, licencias, planos y claves catastrales.

Cano Núñez negó haber ordenado algún ataque contra la regidora y sostuvo que ninguna integrante de su administración recibió instrucciones para confrontarla.

“Una diferencia técnica, una aclaración presupuestal o una posición contraria no constituyen por sí mismas violencia política por razón de género”, manifestó.

La alcaldesa pidió que las instituciones investigadoras revisen el contexto completo de cada caso y eviten que las medidas cautelares sean utilizadas para imponer silencio antes de que exista una resolución.

“Las leyes deben proteger a las víctimas reales. Manipularlas o utilizarlas con fines políticos afecta a las instituciones y también a las mujeres que verdaderamente necesitan protección”, concluyó.