Por Redacción
Ensenada.– El despacho jurídico que representa a los padres del menor fallecido señala que el traslado a un hospital de tercer nivel nunca se concretó, pese a la suspensión de plano concedida por un juez federal; solicita dar vista al Ministerio Público de la Federación.
El despacho jurídico que brinda apoyo a los padres del bebé Rodrigo Andrés, quien falleció el pasado 3 de noviembre durante su traslado a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada, presentó nuevas manifestaciones ante el Juzgado Octavo de Distrito en Baja California para denunciar un posible incumplimiento de la suspensión de plano concedida en favor del menor.
Mediante un escrito dentro del juicio de amparo indirecto 1244/2026-I, el abogado Aarón González Loreto cuestionó el informe presentado el 3 de noviembre por el director del Hospital General de Ensenada, José Alberto Díaz Cadena, al considerar que no contiene elementos suficientes para acreditar que se realizaron de manera oportuna y efectiva las gestiones necesarias para garantizar la atención especializada que requería el bebé.
El documento señala que el 25 de octubre el juzgado federal concedió una suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, mediante la cual ordenó proporcionar atención médica inmediata y tratamiento efectivo al menor conforme a su condición clínica, además de entregar a sus padres copia del expediente médico o informar el impedimento legal para hacerlo.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones del abogado, el propio director del hospital reconoció en su informe que el traslado a una unidad de tercer nivel todavía estaba pendiente de fecha y hora, pese a que supuestamente ya se habían realizado gestiones para conseguir la recepción del paciente y coordinar un traslado aéreo especializado.
La representación jurídica sostiene que la atención hospitalaria y la administración de medicamentos no acreditan por sí mismas el cumplimiento integral de la orden judicial, pues el menor requería atención especializada debido a la complejidad de sus padecimientos cardiacos.
Cuestionan señalamientos contra el padre
La abogada Gabriela Gil González, agregó, que a unos días del fallecimiento del menor, los padres han recibido amenazas e intimidaciones.
Ante los hechos, los abogados darán vista al Ministerio Público de la Federación, para que determine si existen hechos que pudieran constituir delitos relacionados con las declaraciones presentadas ante la autoridad judicial, la elaboración de la nota administrativa y las comunicaciones posteriores al fallecimiento.
Finalmente, solicita que se ordene preservar toda la documentación física y electrónica relacionada con la atención médica, las gestiones de traslado, las comunicaciones institucionales y el fallecimiento del bebé.
La representación jurídica aclara que la muerte del menor no implica desistimiento ni renuncia a esclarecer lo ocurrido durante el tiempo en que permaneció hospitalizado.
Buscan que se atribuyan las responsabilidad
“En medio de la tramitología, entra la asociación Bebé Cardio, creyendo que era posible salvar al niño, y el director muy desposta les decía a los padres que mejor se rindieran porque el menor iba a morir y solo lo tenían con cuidados paliativos. Todo el tiempo le dijeron a los papás que ya mejor donaran los órganos”, sostuvo la abogada.
Cabe destacar que el ordenamiento salió el 26 de octubre pasado; es decir, desde esa fecha hasta el 3 de noviembre, no se dio la atención médica adecuada al bebé, a pesar de que el Juzgado ordenó atención médica inmediata.
“No hay una comunicación con el hospital a donde fue trasladado el niño, pero el juez ordenó, dónde, cuándo, quién lo iba a operar y eso nunca ocurrió. El niño, falleció en el aire cuando iban a CDMX y que no hay reparación de daño, buscaremos que el Ministerio Público de la federación e intervenga porque de haberse cumplido la suspensión de plano, el niño el 26 de octubre tenía que haber volado el 26 de octubre y no hasta el 3 de noviembre”, enfatizó.