Por Redacción
Mexicali.- Con una votación de 17 diputadas y diputados la XXV Legislatura del Estado, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto, por el cual se busca una transformación en la política energética del país al priorizar los servicios básicos de electricidad e internet, además de establecer un marco legal que limite la influencia de empresas privadas en áreas críticas para la población.
El contenido del proyecto fue presentado ante la Asamblea por el diputado Juan Manuel Molina García, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, quien subrayó que el objetivo es reconocer la energía como un recurso estratégico para el desarrollo, la seguridad y la estabilidad del país.
La reforma busca fortalecer las capacidades del Estado y las empresas públicas para asegurar la estabilidad, suficiencia y autonomía energética, con el fin de garantizar la seguridad y el acceso a los recursos energéticos como un derecho humano, elevando el acceso a la electricidad a rango constitucional.
La responsabilidad del estado es fundamental en este proceso para asegurar que la población tenga acceso universal a la electricidad.
Se establece que el sistema eléctrico nacional debe planificarse y controlarse para proporcionar electricidad al menor costo posible, evitando el lucro.
Además, se reconoce que el servicio público de internet también es estratégico y debe ser garantizado, evitando que la población, por razones económicas, carezca de este recurso esencial para la educación.
Asimismo, sus objetivos se alinean con la Agenda 2030: educación de calidad, reducción de desigualdades, trabajo y crecimiento económico y también determina las formas en que las empresas privadas pueden participar en la industria eléctrica, priorizando la justicia social.
La iniciativa que da origen a esta reforma fue presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, cuyo Dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados y posteriormente se turnó a la Cámara de Senadores, donde fue aprobada el 16 de octubre de 2024, para ser remitida a las entidades federativas como lo establece el proceso legislativo correspondiente.